Las Corts Valencianes han aprobado este miércoles, en un pleno extraordinario, con los únicos votos a favor del PP y en contra de la oposición, la ley de Medidas Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y Generar Empleo, por la que se suprimen trámites como el concierto previo o la cédula territorial de urbanización, así como la obligación de publicar los planes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y permite a los ayuntamientos reducir hasta un 50 por ciento el canon por actividades en suelo no urbanizable.

La oposición ha censurado que la norma elimina "garantías" de la legislación urbanística valenciana, introduce "de tapadillo" modificaciones que inciden en la "opacidad y discrecionalidad" de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residudos, SA (Vaersa) y pretende "salvar la cara a los elementos especulativos que han producido la crisis".

El PP ha reconocido que la norma, que procede de un decreto ley aprobado por el Consell, "no va a ser la panacea para la creación de empleo, pero ayudará" a ello y ha defendido que suprime trámites urbanísticos "sin quitar una sola garantía", al tiempo que ha destacado que la actuación de Vaersa se ajusta a la legalidad.

Los 'populares' no han aceptado ninguna de las nueve enmiendas presentadas por Compromís ni de las 32 de la Agrupación de No Adscritos, en tanto que del PSPV han aprobado dos —de sus 11 alegaciones— mediante transaccional.

El diputado socialista Adolf Sanmartín ha criticado que con la "excusa de la crisis actual" se introduzcan "de tapadillo" modificaciones sustanciales en el régimen de funcionamiento de Vaersa y en la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

En el caso de Vaersa, Sanmartín ha censurado el "traspaso de una serie de funciones más propias de funcionarios que de personal laboral contratado", como la posibilidad de adjudicar directamente para "huir del control de la Intervención General de la Generalitat", y ha afirmado que el Consell utiliza esta entidad para "amañar contratos públicos" y "externalizar la deuda de la Conselleria de Medio Ambiente, trasladándola a una empresa afín".

Ha precisado que más de 80 trabajadores de Vaersa han sido traspasados a los servicios centrales de la Conselleria para desempeñar funciones de "puro y duro funcionariado" en cuestiones "tan delicadas como las declaraciones de impacto ambiental, las autorizaciones ambientales integradas y las recalificaciones".

En el mismo sentido se ha pronunciado la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, quien ha señalado que el funcionamiento de Vaersa "está en entredicho, es nefasto, se basa en el derroche de recursos y no responde a sus objetivos", por lo que ha asegurado "no entender que se le dé un caramelito con la finalidad de responder a intereses oscuros y poco transparentes".

En esa línea, el diputado de la agrupación de No Adscritos Lluís Torró ha censurado al PP por pretender "arruinar servicios públicos para justificar su privatización".

"de tapadillo no hay nada"

Por su parte, el parlamentario 'popular' José Marí Olano ha defendido que de "tapadillo no hay nada porque pocos foros hay más públicos que las Corts Valencianes" y ha aseverado que Vaersa "contrata exactamente igual" que otras empresas públicas como la estatal Tragsa u otras creadas por los socialistas en autonomías como Cataluña, Andalucía o Galicia, "todas ellas son medios propios y contratan exactamente igual que Vaersa, aplicando los mismos principios", la ley de Contratos del Sector Público, ha apostillado.

"No les molesta el medio ni el instrumento, les molesta que no sea gestionado por ustedes", ha espetado a los socialistas, al tiempo que ha remarcado que nunca había visto ningún contrato de Vaersa anulado por los tribunales y ha emplazado al PSPV a mostrarle un solo informe "formalizado y permitido por la normativa aplicable que sea firmado por un trabajador de Vaersa".

Asimismo, Sanmartín ha asegurado que la ley introduce "más caos normativo y, sobre todo, más inseguridad jurídica" y, al respecto, ha calificado de "escándalo" que la norma contemple una "moratoria generalizada, a trote y moche, hasta diciembre de 2012" en la desclasificación del suelo de "todos los PAI que habían quedado caducados por incumplimiento de los plazos de ejecución".

Marí Olano ha aducido que no es una medida "global" sino que se deja a cada Ayuntamiento que resuelva en función de su situación y ha apuntado que no afecta sólo a los promotores "sino también a los miles de propietarios particulares que tienen alguna parcelita en un PAI".

Por su parte, Mollà ha afirmado que el título de la norma es una "gran falacia", ya que lo único que hace es intentar "salvar la cara a los elementos especuladores que han producido" la actual crisis económica y, para ello, ha lamentado que el PP haya introducido la supresión de "garantías" que contemplaba la normativa urbanística valenciana.

Al respecto, ha criticado que la ley otorga a los ayuntamientos la posibilidad de regular la figura de la declaración responsable para la realización de obras menores en sustitución de la licencia de obras "apelando a la bondad de no se sabe quien". En el mismo sentido, Sanmartín ha advertido de que, mediante este trámite, "un arreglo de un tejado acabará convirtiéndose en un aumento de volumetría".

Marí Olano ha respondido que la medida "no se impone a los ayuntamientos" sino que cada Consistorio podrá "hacer lo que quiera" y ha defendido que se trata de una "técnica extendida en el ámbito jurídico", como en el caso de las declaraciones de la renta a Hacienda, ha citado, al tiempo que ha asegurado no entender que para cambiar los azulejos de un baño se tenga que pedir permiso al Ayuntamiento.

El diputado 'popular' también ha destacado que la aprobación de la norma supone la "antesala de una reforma profunda de la legislación urbanística valenciana", pendiente de la resolución de la denuncia de la Comisión Europea contra España que pone en tela de juicio el urbanismo valenciano.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha señalado, en declaraciones en los pasillos de la Cámara, que la nueva ley tiene como finalidad "impulsar el empleo, reduciendo los trámites burocráticos en los temas administrativos" relativos al planteamiento urbanístico.