La Asociación de Consultores de Higiene Ambiental ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "prohiba expresamente el derecho de objeción de conciencia a todos los profesionales que estén en la cadena del aborto, salvo a los que están dentro de abortorio, que no lo precisan por ser su vocación".

En nota de prensa esta asociación ha estimado que "el aborto inducido no es una cuestión de interés sanitario, o médico, sino de interés político. Y dado que el Estado español ha regulado por Ley esa actividad ha debido consultar con los órganos colegiados sanitarios la decisión de incluirlos o no".

La Asociación de Consultores de Higiene Ambiental ha Lamentado que "además de imponer esa inhumana práctica a los médicos, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretenda restringir el derecho de estos a presentar alegaciones a esa orden, tal como figura en la Ley de procedimientos del Estado en su artículo 35".

Por último, esta asociación ha asegurado que "la Junta castellano-manchega está muy mal asesorada en materia de derechos ciudadanos, y que abusa de poder disponiendo arbitrariamente del Boletín Oficial".