El juez decidirá previsiblemente mañana si acepta las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola en su demanda de impugnación de las cuentas de ACS, correspondientes a 2009, en un auto que resolverá las cuestiones planteadas en la vista oral celebrada hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Durante la vista, el representante legal de la eléctrica pidió la estimación de la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil, y alegó que las cuentas de la constructora "contienen numerosos errores e inexactitudes que llevarían a un cambio sustancial en la imagen contable de la compañía".

Por su parte, el abogado de ACS solicitó al juez la desestimación de la demanda con expresa declaración de temeridad por parte de Iberdrola, a la que acusó de iniciar unas acciones judiciales "temerarias, instrumentales y abusivas", y recordó que las cuentas de 2009 recibieron el aval de la junta, así como de distintos auditores de cuentas externos.

El pasado mes de mayo, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán impugnó las cuentas de ACS al considerar que había incurrido en pérdidas de 405 millones de euros en el ejercicio 2009, frente al beneficio declarado de 988 millones, según consta en la demanda.

El abogado de la eléctrica incidió en que la constructora, principal accionista de Iberdrola con el 12,6% de la participación, actúa con un "interés específico derivado del intento de control" del consejo de la eléctrica y aportó cuatro nuevas circunstancias que, defendió, corroborarían la debilidad patrimonial denunciada.

Situación financiera "discutible"

Además, el abogado de la eléctrica consideró que la posible venta de la participación de ACS en Abertis, anunciada el pasado 5 de julio, y que le podría reportar a la constructora una liquidez de cerca de 2.000 millones de euros "enlaza con una situación financiera y patrimonial más que discutible".

Por su parte, el representante legal de ACS calificó de "absolutamente inaudito" que los administradores de Iberdrola hayan presentado esta demanda "contra su principal accionista" y consideró que ésta supone una "venganza" contra la constructora por haber impugnado la junta de la eléctrica ante los juzgados de Bilbao.

En este sentido, el abogado de la constructora presidida por Florentino Pérez defendió que el propósito de la compañía no era tener el control sobre la eléctrica, sino acceder a "una gestión proporcional a la participación en el capital".

El representante legal de ACS recordó que Iberdrola adquirió 20.000 acciones, el 0,064% del capital de la constructora, para "poder enfrentarse a sus principales accionistas" ante los tribunales y acusó a la eléctrica de "sembrar dudas" sobre su situación financiera.

Respecto a las cuentas, el abogado de ACS aportó dos informes de auditoría elaborados por Deloitte que ratifican las cuentas de la constructora, correspondientes al ejercicio 2009, sin reserva ni salvedad alguna y en los que concluyen que las cuentas anuales reflejan la imagen real de la empresa y sus filiales.

Además, la constructora defendió que en la junta general de ACS de 2009, aprobó las cuentas correspondientes a 2008, que estaban formuladas con los mismos criterios contables, y entonces Iberdrola no realizó impugnación alguna.