La diputada socialista Eulalia Guerra de Paz ha pedido al Gobierno de Canarias que realice un "ejercicio de autocrítica" ante los datos de violencia de género que registra el archipiélago, ya que es la comunidad que lidera el "triste ranking" de número de agresiones y asesinatos a mujeres.

Guerra de Paz, en un comunicado, hizo hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo regional valore si las acciones que "está llevando a cabo son las debidas, cuáles son las políticas activas de prevención y erradicación y en qué es necesario cambiar el rumbo que se ha trazado".

Asimismo, la socialista se remitió a la recién publicada Memoria 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) donde las denuncias en los juzgados de Violencia sobre la Mujer recoge que "no han descendido en el archipiélago y sí ha crecido el número de las retiradas como consecuencia del miedo de las víctimas".

Añadió que la provincia de Santa Cruz de Tenerife es, además, "una de las tres primeras de España donde más mujeres recibieron protección policial por violencia de género, según datos del Ministerio del Interior".

En relación a los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Guerra de Paz apuntó que la "mayoría de las mujeres asesinadas no tenían orden de protección, lo que significa que cuando las medidas son tomadas de la forma adecuada y pensando en la seguridad, la eficacia es mayor, aunque esto no signifique que en algunos casos tuviesen orden de alejamiento".

La diputada socialista incidió en la necesidad de "estudiar el nivel de coordinación de las administraciones públicas canarias, además de las medidas de apoyo social, económico, psicológico y de protección, porque a la vista de los resultados, parece ser que no se está siendo todo lo eficiente que se debería".

Agregó que el Gobierno de Canarias es la administración que tiene las competencias en esta materia, a través del Instituto Canario de Igualdad, donde se articulan las acciones destinadas a "poner fin a esta lacra social aunque, de forma directa, también tiene responsabilidad no sólo la Consejería de Bienestar Social sino la de la Presidencia en lo relacionado con la protección".

Por ello, la socialista insistió en que se haga balance de las acciones que se están llevando a cabo, así como su eficacia, porque afirmó que "en estos momentos, continúa sin ser evaluado el programa de prevención y erradicación de la violencia de género 2002-2006" del Ejecutivo autónomo. También exigió una explicación a los recortes presupuestarios que el Gobierno regional "viene ejecutando desde el año 2005 tanto en políticas de igualdad como en violencia de género y que han supuesto la devolución de fondos al Gobierno de España".

Finalmente, ha solicitado información al Ejecutivo canario sobre los perjuicios ocasionados como consecuencia de "algunos recortes" de servicios de asesoramiento y de protección de las víctimas de violencia de género. "La lucha contra la violencia de género es una lucha justa y necesaria si como sociedad queremos seguir progresando en libertad, seguridad e igualdad para mujeres y hombres", sentenció.