La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, celebrará el próximo fin de semana la Marcha a Santander 2010, que recorrerá más de 40 kilómetros a pie entre Argoños y la capital cántabra para reclamar justicia.

Para ultimar los preparativos de esta cita, la asociación ha convocado una reunión este domingo en la que, además, analizará una vez más la situación actual de los afectados.

Así, los representantes de AMA informarán de los pasos dados por el Parlamento de Cantabria para buscar una solución "adecuada y justa" y para "impedir que este tipo de situaciones irregulares, tan injustas, se puedan volver a repetir".

En nota de prensa, la asociación ha subrayado la importancia de conseguir normas jurídicas "que acaben con las situaciones de desprotección" actuales en materia urbanística, sobre todo en la compra de viviendas.

"La necesidad de una nueva legislación con más garantías para todos los ciudadanos es hoy un reto y una obligación para nuestros representantes. No puede haber normas que lleven a absurdo de condenar a quienes no tienen culpa de nada, derribar donde se puede volver a construid, y dejar sin sanción comportamientos ilícitos, enriquecimientos injustificados", sostiene AMA.

Según dice, hay que legislar para "proteger a los ciudadanos contra el abuso que se puede cometer por las administraciones" y, para ello, se necesitan "unas normas jurídicas que además de aplicar ley, hagan justicia", "normas claras y diáfanas, que respeten la legalidad vigente" y que incluyan "mecanismos compensadores y regularizadores".

La asociación señala que esas normas deben "dar solución a los afectados" y, al mismo tiempo, "garantizar que cuando es condenada una administración las consecuencias de esa condena no recaigan en personas inocentes".

También tienen que evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir, articulando los mecanismos necesarios para que "comprar un vivienda no sea un acto de alto riesgo" y para que los ciudadanos no acaben pagando con sus impuestos las indemnizaciones "por los errores o ilícitos cometidos por administraciones públicas".

AMA reconoce que el Parlamento regional "tiene un importante y un duro trabajo" en estas fechas y que el camino que está recorriendo la proposición de ley para buscar soluciones "no es fácil".

Por ello, destaca el trabajo de los parlamentarios y confía en que "sean capaces de alumbrar esas normas, en tiempo y forma", para acabar con uno de los capítulos más injustos en la historia reciente" de Cantabria y para "abrir la esperanza a un futuro más justo para todos".