La CIG denuncia que el real decreto que prioriza el carbón autónomo es "una cuestión puramente política"

El representante de la CIG en el comité de empresa de la central térmica de As Pontes, Fernando Branco, ha asegurado este viernes que el Real Decreto 134/2010 por el que se priman las fuentes de energía autóctonas es una acción política que busca beneficiar a "determinadas comunidades autónomas con mucho peso político".

El representante de la CIG en el comité de empresa de la central térmica de As Pontes, Fernando Branco, ha asegurado este viernes que el Real Decreto 134/2010 por el que se priman las fuentes de energía autóctonas es una acción política que busca beneficiar a "determinadas comunidades autónomas con mucho peso político".

El Gobierno intenta priorizar a 10 centrales térmicas que "quedan fuera del mercado por el precio del carbón", según ha resaltado Branco, algo que ha señalado que va en detrimento de las instalaciones gallegas de As Pontes y Meirama, que se abastecen de carbón foráneo, más ecológico y barato.

El líder sindical ha alertado, así, sobre las posibles consecuencias de este decreto, que tiene vigencia hasta 2014, y que "podría suponer el cierre de las centrales térmicas hasta entonces".

Al respecto, Branco ha indicado que "se pueden perder 2.000 puestos de trabajo directos" y ha aprovechado para recordar que "más de 200 compañeros de las empresas auxiliares están todavía sin recolocar, aunque era un compromiso de la Xunta", en referencia a la mina de As Pontes.

El representante de la CIG también ha reprochado al Ejecutivo gallego que, a pesar de que el "real decreto fuese aprobado en febrero, no les consta" que haya hecho ninguna alegación en el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, del cual forma parte.

"cuestión social"

El miembro del BNG ha situado el origen del problema en la falta de demanda en las minas de carbón, las cuales, "cuando no cobraron por el carbón extraído, dejaron de pagar nóminas", convirtiendo el proceso en una "cuestión social".

Según Branco, el Estado español "usó la empresa pública Eulosa" para comprarlo. Por ello, de acuerdo con el representante de la CIG, se gastaron "200 millones de euros" y sirvió para que a las compañías térmicas citadas anteriormente "se les de una cuota en el mercado eléctrico, aunque no entren por precio".

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