El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, acudió este jueves a los juzgados de Orihuela para prestar declaración por su supuesta relación con la investigación del 'caso Brugal', dos días después de haber sido detenido durante doce horas.

Tras prestar declaración, Ripoll quedó en libertad, aunque no aclaró si ha sido imputado por algún delito. En la rueda de prensa que convocó aseguró que el juez de Orihuela que le tomó declaración no le aclaró "ni los hechos ni el por qué" de su imputación formal en la investigación.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", adelantó.

Ripoll hizo una declaración sin preguntas en la Diputación poco después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, que le imputó "formalmente" por unos delitos que el dirigente popular no detalló en la comparecencia pública. Añadió que el fiscal pidió prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros y una comparecencia periódica en el juzgado pero que el juez lo rechazó, lo que hace que su situación personal siga siendo la misma.

El juez acordó mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que comparecieron este jueves a declarar de forma voluntaria, entre ellas Ripoll, a quien imputó diversos cargos, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez tomó declaración en calidad de imputadas a seis personas que debían comparecer en el marco de las diligencias previas abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

El presidente de la Diputación de Alicante no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, tras permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas. Ripoll declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carlos Sanmartín, que investiga una presunta trama en la adjudicación del plan de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja, que agrupa a casi una treintena de municipios.

Otras declaraciones

El juez también interrogó a cinco de los once detenidos el pasado martes: el gerente de Inusa, José Candel; al ingeniero José Francisco León; el empresario Rafael Gregori; el empresario Enrique Ortiz y el valenciano Luis Bracho. Todos ellos, excepto Gregori, quedaron en libertad sin fianza. Para Gregori, empresario de automoción y ex presidente de la Fundación Hércules CF, el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros y fue acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, según fuentes judiciales.

Respecto al empresario alicantino Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules CF, quedó en libertad sin fianza aunque imputado por varios delitos, entre ellos el de cohecho. Tras el interrogatorio, Ortiz explicó que salía "contento" de la declaración porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar" y, al preguntarle si pesan sobre él imputaciones, respondió que "claro que las hay".

Este viernes comparecerán los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y el empresario oriolano Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel.

El Comité de Dirección del Partido Popular de la provincia de Alicante manifestó su "plena confianza en la inocencia" de Ripoll "hoy, más que nunca".