La Asociación Española de Banca (AEB) advirtió de la "ineficiencia desde la perspectiva económica" que supondrá la creación del impuesto de depósitos de entidades de crédito aprobado por la Junta de Andalucía, e insistió en que dicho gravamen generará "distorsión" en los mercados.

Fuentes de la AEB indicaron a Europa Press que este impuesto "pueden encarecer el crédito y afectar y penalizar la capacidad de ahorro al provocar que los depósitos estén peor remunerados".

Aseguraron que este tipo de impuestos traerá "distorsiones de tipo geográfico y también para las propias entidades".

Fuentes de la AEB, que es una asociación profesional formada por la práctica totalidad de los bancos españoles y extranjeros que operan en España, indicaron a Europa Press que, aunque no conocen todavía la propuesta de la Junta, apuntaron que "en cualquier caso, analizando la experiencia con impuestos parecidos, como el de Extremadura, estas medidas suelen tener efectos negativos para el ahorro y la inversión".

Los portavoces de la banca recordaron asimismo que el impuesto extremeño "está recurrido al Tribunal Constitucional", por lo que, a su juicio, "sería conveniente esperar la resolución del TC antes que aplicar un nuevo impuesto de este tipo en otra comunidad autónoma".

El impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito de Extremadura, en vigor desde 1 de enero de 2002, está en espera de resolución del TC tras el recurso que presentó en marzo de aquel año el Gobierno de Aznar.

El impuesto andaluz

Tras el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado ayer martes, en el capítulo de creación de tributos, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha destacado el relativo al nuevo impuesto sobre depósitos de clientes, que se aplicará a las entidades de crédito con oficinas en Andalucía a través de una tarifa en tres tramos sobre la base integrada por el valor de estos depósitos: 0,3 por ciento si son inferiores a 150 millones de euros; del 0,4 por ciento si se sitúan entre 150 y 600 millones, y del 0,5 por ciento para los que superan los 600.

Las entidades deberán soportar íntegramente este impuesto y queda expresamente prohibida su repercusión sobre los clientes. No obstante, la medida incluye deducciones por, entre otros motivos, la existencia de domicilio social en la comunidad autónoma; número de oficinas en la región; obra social, y concesión de créditos y préstamos a proyectos que se desarrollen en el marco de la Estrategia para la Economía Sostenible.

Este impuesto será de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, si bien la consejera no ha descartado que se puedan producir pagos a cuenta en este ejercicio, esto es, que las entidades adelanten algo este ejercicio por el que viene.