Un total de 54 nuevas demandas, de las cuales, cuatro son de familias andaluzas, se han sumado a las 321 presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo contra el Estado español por la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) así como por las presiones que sufren los escolares por haber objetado a las mismas, según ha informado este miércoles la asociación Profesionales por la Ética a Europa Press.

En concreto, estas cuatro nuevas demandas procedentes de Andalucía se unen a las 47 ya presentadas en pasado mes de marzo, por lo que el número total de familias andaluzas demandantes asciende a 51. También han acudido en esta ocasión a Estrasburgo otros padres de Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Todos estos padres alegan, al igual que ya lo hicieran otros en marzo ante el Tribunal Europeo que, en el conflicto de EpC, se ha producido violación del derecho a la vida privada de los menores, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores y sus padres, y al derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones.

En ese contexto, la asociación recoge las declaraciones de Lourdes, una de las madres recurrentes en Estrasburgo que tiene dos hijos (de 5º y 3º de la ESO) que han acabado el curso sin entrar a clase de EpC. "Queremos que aprendan que no todo vale y que los ciudadanos no tenemos porque permanecer sumisos y obedientes ante esta dictadura ideológica que nos está gobernando. Hemos llegado hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque no debíamos renunciar a nuestros derechos como padres. Queremos que toda Europa se entere de lo que está ocurriendo con la educación en España", señaló.

Por su parte, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha subrayado que mientras haya familias dispuestas a "defender" sus derechos y los de sus hijos ante todas las instancias nacionales e internacionales, el conflicto de EpC "seguirá vigente". "Esto afecta de lleno a derechos fundamentales que, además, están protegidos por la Constitución Española y por diversos tratados internacionales", ha dicho.

Asimismo, destaca que como consecuencia del primer grupo de demandas, el Tribunal ha requerido recientemente a los abogados de los padres que amplíen la documentación inicialmente presentada, a efectos de poder valorar de manera pormenorizada los agravios alegados. Esta documentación acaba de ser presentada en la sede del Tribunal en Estrasburgo.

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