Para la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, la entrada hoy en vigor de la Ley de Morosidad, que fija un plazo máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas a las empresas, es una de las medidas más útiles y acertadas de los últimos tiempos.

Confía, además, en un comunicado en que se pongan en marcha los instrumentos financieros necesarios para que el sector público pueda cumplir con esta exigencia y, de esta manera, deje de estrangular la capacidad de inversión de muchas empresas canarias.

Según datos del Servicio de Estudios Económicos de la Cámara, los problemas financieros derivados de la morosidad son la causa de 40 por ciento de las quiebras empresariales. De hecho, la mayoría de las empresas funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual, por lo que la morosidad está siendo una de las mayores responsables del cierre de empresas.

Por lo tanto, el presidente de la institución cameral, Ignacio González Martín, aplaudió la reforma y pide a las administraciones públicas que "reduzcan al máximo su morosidad con políticas de austeridad y eficiencia, ya que sus deudas con el tejido productivo son un freno a la recuperación económica y al mantenimiento del empleo".

Sólo en Canarias, las instituciones deben a las empresas más de 1.700 millones de euros, una cantidad que a nivel nacional asciende hasta los 38.000 millones de euros, la misma cifra que necesita el país para reducir su déficit público y cumplir con el objetivo del 3% para 2013.

A juicio de González Martin, la Ley de Lucha contra la Morosidad supondrá "un balón de oxígeno para muchas pymes canarias, ya que, en estos momentos, las deudas de la administración pública canaria no sólo están hipotecando su capacidad de inversión, sino poniendo en peligro su supervivencia".

En los últimos años, la Cámara de Comercio ha denunciado reiteradamente cómo el sector público ha ido dilatando sus tiempos de pago, de forma que en estos momentos las administraciones públicas tardan una media de 193 días en pagar a las empresas y, en el caso de los ayuntamientos, hasta 240, frente a los 67 días de la media europea.

En este contexto, el presidente de la institución empresarial considera que no es fácil que las administraciones canarias cumplan con la ley a rajatabla, a pesar de que se contempla un período de adaptación que se extenderá hasta 2013, dada las importantes restricciones económicas que afectan al sector público, especialmente, a los Ayuntamientos.

Por lo tanto, insiste en que la limitación de plazo de pago para las administraciones públicas debe ir acompañada de una reforma del sistema financiero y de la mejora de la financiación local "para que esta reforma no se quede en papel mojado".

Según los Servicios Jurídicos de la Cámara, otro de los aspectos que se incluyen en esta reforma que destacan como "positivos" es la supresión de la posibilidad de establecer un pacto entre las partes, que en numerosas ocasiones permitía alargar significativamente los plazos de pago, siendo las Pymes las empresas más frecuentemente perjudicadas.

Mediación y arbitraje

Asimismo, la Cámara valora que la reforma incluya la posibilidad de que las administraciones promuevan la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas Comerciales y la adopción de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, a través de la mediación y el Arbitraje.

Precisamente, la institución cameral cuenta con estos servicios de Mediación y Arbitraje, que promueven el acuerdo entre las partes en conflicto, lo que supone no sólo un ahorro de tiempo y dinero para los empresarios, sino que, además, contribuye a la estabilidad de las relaciones comerciales.

El éxito de este sistema se fundamenta en la buena fe de las empresas implicadas, que deben acogerse de forma voluntaria al proceso de mediación. De hecho, en los últimos seis meses, la morosidad se ha convertido en la principal fuente de los conflictos mercantiles que llegan al Servicio de Arbitraje y Mediación de la Cámara.

El 60 por ciento de las denuncias que formulan los empresarios para resolver por la "vía pacífica" provienen de situaciones de impago generadas en el tráfico comercial. Las cantidades adeudadas oscilan entre los 3.000 euros y los 20.000 euros y en más de la mitad de los casos.