El Ayuntamiento de Alboraia pide a Fomento "una solución definitiva" al asentamiento ilegal de Peixets

El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) ha exigido al Ministerio de Fomento "una solución definitiva" al asentamiento ilegal junto a la ermita dels Peixets, una parcela --propiedad de este departamento gubernamental-- donde viven unas 30 personas en caravanas y chabolas "sin las más elementales medidas de seguridad e higiene", según ha informado el consistorio en una nota.

El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) ha exigido al Ministerio de Fomento "una solución definitiva" al asentamiento ilegal junto a la ermita dels Peixets, una parcela —propiedad de este departamento gubernamental— donde viven unas 30 personas en caravanas y chabolas "sin las más elementales medidas de seguridad e higiene", según ha informado el consistorio en una nota.

El Pleno del Ayuntamiento de Alboraia ha aprobado, con los votos a favor de PP y concejales no adscritos, y la abstención de PSPV, Cialbo y Bloc, una moción presentada por el PP de esta localidad para exigir al Ministerio de Fomento que adopte una solución a este problema, ya que, según recoge el escrito, esta parcela ofrece "una imagen degradada del municipio". Además, por esta zona pululan "animales peligrosos sin el debido control", lo que ha provocado "numerosas quejas de vecinos y usuarios de la zona".

Desde hace años, el Ayuntamiento ha colaborado con estas personas, a través de ayudas de emergencia, escolarización de los menores, e incluso el ofrecimiento de vivienda con la colaboración del Instituto Valenciano de la Vivienda, pero ellos no han abandonado el asentamiento, según ha explicado el consistorio.

El equipo de gobierno informó a Fomento "hace casi cinco años" de lo que ocurría en esta zona, pero, según el Ayuntamiento, "una vez agotada la vía de acción social, se solicitó de forma oficial el desalojo y limpieza de la parcela".

"En reiteradas ocasiones se ha intentado hablar del tema, y el alcalde ha enviado 12 escritos en el último año, pero la Delegación del Gobierno en la Comunitat ha hecho caso omiso, por lo que la moción aprobada recoge un plazo límite para iniciar la vía legal", ha agregado el Ayuntamiento, que ha asegurado que el plazo concluye el próximo 30 de septiembre. A partir de ese momento, el consistorio "iniciará las oportunas órdenes de ejecución exigiendo las responsabilidades que legalmente correspondan", ha recalcado.

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