La Audiencia Provincial de Badajoz ha hecho público este miércoles un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, en el que se ratifica el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta contra dos empresarios pacenses y dos funcionarios del consistorio de la ciudad por el denominado caso de Canal de Badajoz y Golf Guadiana.

Cabe recordar que el citado juzgado decidió, en julio de 2009, archivar la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso al no ver ningún indicio de delito en la actuaciones llevadas a cabo, un auto que fue recurrido por la fiscalía. Un caso que llevó cerca de tres años de investigación.

El auto hecho público este miércoles recuerda que el representante del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado solicitaron la interposición de un recurso de apelación para revocar el primer auto de julio del año pasado, y que en su lugar se dictase otro por el que se acordase la continuación de la instrucción de la causa y se practicaran nuevas pruebas.

Las partes que recurrieron el auto entendían que, dice el auto, "de lo actuado si se desprendía por un lado la existencia de los delitos por los que se interpuso la querella", delitos de estafa continuada y contra la ordenación del territorio, y por otro que "existían elementos de prueba suficientes como para considerar responsables de los mismos a los querellados".

Asimismo, indica que "a la vista de lo expuesto por los recurrentes y en concreto en cuanto a la inacabada instrucción del caso", el auto recuerda que se iniciaron unas diligencias informativas ante la Fiscalía de la Audiencia de Badajoz que han durado cerca de 3 años que "resultaron por dos veces archivadas por la propia Fiscalía" y que "posteriormente" se efectuó una "compleja y amplia instrucción" con pruebas testificales y documentales.

Fondo del recurso

El auto presentado dice también que en cuanto al fondo del recurso y en lo que se refiera a los técnicos municipales, que el Tribunal ha procedido a un nuevo análisis de las pruebas practicadas y aportadas, junto a los escritos presentados en el recurso de apelación, "extrayéndose de todo ello una serie de conclusiones".

Entre esas conclusiones el auto dice que "en definitiva, no puede llegarse más que a la conclusión de que los criterios de valoración empleados" en el caso del Canal "se ajustaron estrictamente a la legislación urbanística y a las determinaciones del PGOU", añadiendo que los informes realizados en el Ayuntamiento de Badajoz "y de los que puedan ser autores los dos funcionarios imputados, además de someterse a la legalidad, corrigieron las propuestas realizadas por Jardines del Guadiana en defensa de los intereses municipales".

En cuanto a las irregularidades en el complejo hostelero de Golf Guadiana, que también son motivo del recurso, el auto señala que "debe tenerse en cuenta" que "todas las actuaciones" llevadas a cabo se efectúan "al amparo" de la Ley de Oferta Turística Complementaria, y por la que se "declaró de interés social la construcción del complejo".

Continuado con Golf Guadiana añade que la licencia de ampliación del Apartotel se "otorga por el Ayuntamiento en cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, y en atención la plan especial" d ella ciudad.

Además, indica que "de todo lo actuado se constata que no hay una sola ilegalidad, ni mera irregularidad en la concesión de ninguna de las licencias otorgadas y en las que hayan intervenido los funcionarios imputados" y que "tampoco se ha construido en terrenos no edificables, por lo que tampoco" se puede hablar, dice el auto, "del delito de prevaricación dolosa cometido por funcionario público".

Así en su página 14 el auto presentado a los medios de comunicación afirma que "en resumidas cuentas" el "Tribunal, tras el análisis del material probatorio de que dispone, llega a la conclusión de que no sólo no se desprende la comisión" por parte de los imputados "de ninguno de los delitos por los que venían siendo acusados por la acusación pública, sino todo lo contrario" a "criterio" del juzgado, "al igual que para el Instructor, su conducta ha sido correcta y cumpliendo escrupulosamente la normativa legal vigente, por lo que no cabe efectuarles ni el más mínimo reproche ni desde el punto de vista ético como jurídico".

Sociedades de golf guadiana

Sobre los empresarios y representantes de las sociedades de Golf Guadiana el auto explica que de las pruebas practicadas y "en estrecha unión con todos los fundamentos jurídicos anteriores, no se desprende la existencia de ninguna trama tendente a obtener licencias o informes favorables en cuanto a los hechos que aquí ocupan".

Señala también el auto, a este respecto, que "tampoco existen visos de ilegalidad desde el punto de vista estrictamente penal" en la actuación de los empresarios pacenses, ya que, explica el texto, se "limitaron a solicitar una concesión de la construcción de un complejo turístico al amparo de una normativa legal vigente" y "por lo que no cabe hablar de infracción penal".

En cuanto a la "estafa" que se imputa a los empresarios por parte de la Acusación Particular, el juzgado indica que considera que "tampoco existe indicio alguno de la comisión del referido delito, pues consta acreditado que el querellante compró a la empresa de los imputados una vivienda a cambio de precio cierto".

Con estas explicaciones el nuevo auto concluye que reitera la "falta de utilidad de las diligencias de prueba nuevamente solicitadas", en el recurso, "por no ser necesarias al no aportar elementos nuevos que pudieran desvirtuar los razonamientos vertidos tanto por el instructor como los de la presente resolución".

Añade que ni el Tribunal ni el Instructor encuentran "indicios racionales de criminalidad de ningún tipo por parte de los imputados, al contrario, lo que se ha acreditado, por un lado es, tal y como" dijeron con "anterioridad, un comportamiento absolutamente respetuoso por parte de los funcionarios imputados" y "sin que exista el más mínimo atisbo de infracción punible", además de que "su actuación ha sido beneficiosa para el Ayuntamiento de Badajoz".

Con respecto a los empresarios concluye el auto que indica que "tampoco se acredita la existencia de conducta fraudulenta" ni de "connivencia o trama organizada para defraudar o infringir dolosamente el ordenamientos jurídico", y que "en todo caso lo máximo que se pudiera detectar es una mera infracción administrativa".

Conclusión del auto

El auto se cierra indicando que por "todo" lo expuesto "procede, a pesar del loable esfuerzo realizado por las acusaciones públicas y particular, en defensa de sus respectivas tesis, desestimar los recursos de apelación y confirmar la resolución impugnada".

El auto dice textualmente en su párrafo final que la Sala dijo en su día que "debía desestimar y desestimaba los recursos de apelación interpuestos" por Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra el auto de julio de 2009 y a la que "la presente resolución se contrae y por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa, y consecuentemente con ello debemos confirmar y confirmamos dicha resolución".

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