El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha defendido este miércoles que en la certificación de la obra de la variante de Lira en el ayuntamiento pontevedrés de Salvaterra do Miño se actuó en "defensa del interés general" y ha calificado la querella presentada por el PSdeG por unos hechos en los que está imputado el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, de "denuncia política".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de prestar declaración en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en calidad de testigo en la causa abierta tras la denuncia presentada por el PSdeG, Louzán ha manifestado acudir al alto tribunal gallego con "mucha tranquilidad" y con "el máximo respeto". Además, ha trasladado su intención de aportar "toda la información que se demande".

Asimismo, ha calificado de "inocuo" el procedimiento seguido en esta obra y ha subrayado que "no hubo ningún tipo de perjuicio, sino la defensa del interés general", ha indicado al insistir en que se trató de una actuación "necesaria y demandada" por el ayuntamiento y los vecinos.

Por otra parte, ha considerado una "denuncia política" la querella del PSdeG, al que ha acusado de intentar "ganar réditos mediáticos lo que no son capaces de ganar en las urnas, al tiempo que ha recordado que el BNG, "el primero en pedir la información de este proceso, no ha presentado ningún tipo de denuncia".

Tras Louzán, que ha comenzado poco después de las 10.00 horas a prestar declaración, lo harán el secretario de la Diputación de Pontevedra y alcalde de Salvaterra do Miño, Arturo Grandal. IMPUTACIONES

El titular de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas prestó declaración en calidad de imputado el pasado viernes, al igual que el ingeniero y director de la obra, por un supuesto delito de falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude.

La causa se inició tras la denuncia presentada por el PSdeG por una supuesta irregularidad cometida por Hernández cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. Según esta denuncia, habría firmado el documento que acreditaba la conclusión de la variante de Lira cuando la obra no estaba finalizada.

Esta actuación contaba con fondos europeos para llevarla a cabo y fue la Diputación de Pontevedra la que apeló a ellos para justificar, en su momento, que la certificación se había realizado para no perder la subvención de la Unión Europea ante los problemas burocráticos.

En su declaración, Hernández sostuvo que no intervino en la obra y argumentó que cuando estampó su firma "no examinó" la certificación.

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