El Instituto Aragonés del Agua presentará en los próximos días 18 alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, en las que pedirá a la Generalitat catalana que suspenda el actual proceso de planificación hidrológica en esa Comunidad, rehaga el documento y se limite al territorio de las cuencas internas catalanas.

El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, ha informado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta martes esas 18 alegaciones y ha autorizado a los Servicios Jurídicos de la Comunidad autónoma aragonesa a interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón.

Éste es el tercer documento en exposición pública relativo a la planificación hidrológica de las cuencas internas catalanas, tras el Programa de Medidas del Plan de Gestión y su respectivo Informe de Sostenibilidad Ambiental, sobre los que el Gobierno de Aragón ya aprobó las alegaciones el pasado mes de mayo.

Este documento, de carácter más global, incluye estos dos documentos anteriores y la parte normativa del Plan, ha relatado Biel, que ha precisado que el Ejecutivo aragonés no ha recibido todavía ninguna respuesta a las alegaciones presentada anteriormente.

Tampoco ha recibido respuesta al informe que presentó tras la petición de Cataluña de un trasvase del Ebro a cuatro municipios de su Comunidad autónoma que tiene parte de su término municipal fuera de la Cuenca del Ebro. "No tenemos todavía respuesta", ha apuntado Biel al respecto.

Nuevas alegaciones

El Instituto Aragonés del Agua enviará a la Agencia Catalana del Agua las 18 alegaciones a este tercer documento, cuyo plazo de información pública finaliza el próximo 23 de julio.

En ellas, se solicita la suspensión del actual proceso de planificación hidrológica en Cataluña, por ser considerado nulo, para que la Agencia Catalana del Agua tenga la oportunidad de configurar un documento de Plan que se limite al territorio de las Cuencas Internas de Cataluña.

En caso de que tales alegaciones no fueran aceptadas y el documento final aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña mantuviera los criterios actuales, el Gobierno aragonés ha autorizado a su Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón, como ya se hizo cuando se aprobó la presentación de alegaciones a los dos documentos anteriores.

El Ejecutivo aragonés ha precisado que el Instituto Aragonés del Agua entiende —tras realizar un "exhaustivo análisis" de toda la documentación y de todos los puntos que pueden afectar al territorio aragonés— que el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña incurre en "importantes extralimitaciones competenciales" que pueden tener incidencia en la Demarcación del Ebro y, en particular, en Aragón.

Entre otras cuestiones, el Plan abarca tanto el territorio de las cuencas internas catalanas, como el territorio catalán de la Demarcación del Ebro, e incluso de ríos compartidos con Aragón —Noguera Ribagorzana, Segre, Matarraña y Algars, entre otros—, y "no tener en cuenta los intereses de la Comunidad Autónoma aragonesa sobre ellos", han explicado desde el Ejecutivo aragonés.

Además, Cataluña "se apropia unilateralmente" de varias masas de aguas subterráneas que se extienden por el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, "lo que representa una violación de la Directiva Marco de Aguas de 2000".

Tal acción, "puede ser calificada como una transferencia de recursos entre distintos ámbitos de planificación, al margen de cualquier amparo legal".

El Gobierno de Aragón ha indicado, asimismo, que la aprobación definitiva del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca fluvial de Cataluña que se arroga para sí la Comunidad catalana "corresponde al Gobierno de la nación", tal como establece la Ley de Aguas y ratificó el Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, antes de esta aprobación definitiva, deberá emitir informe preceptivo tanto el Consejo Nacional del Agua, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Aguas, como el propio Instituto Aragonés del Agua, en cumplimiento de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, han concluido desde el Gobierno aragonés.