El Gobierno: una ley emanada de las Cortes no puede ser suspendida por el TC

Imagen de la fachada del Tribunal Constitucional.
Imagen de la fachada del Tribunal Constitucional.
EP
Imagen de la fachada del Tribunal Constitucional.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido este martes al Tribunal Constitucional que rechace la petición del PP de suspender la vigencia de la nueva Ley del Aborto porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.

Así lo aseguran los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones presentado este martes al tribunal, en el que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene éste "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad".

"Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales", añade la Abogacía del Estado.

El recurso del PP y Navarra

El recurso ante este tribunal fue interpuesto por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra y fue admitido a trámite por la sala el pasado 30 de junio.

El recurso promovido por más de 50 diputados del grupo popular en el Congreso afecta a ocho preceptos de la norma, como el aborto libre hasta la semana 14, lo que según esta formación política es contrario al derecho a la vida. Se trata de los artículos 5.1 e, 8 in limine y letras a) y b), 12, 13.4, 14, 15 a), b) y c), 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero y la disposición final segunda.

El recurso promovido por el Gobierno de Navarra incluye el párrafo segundo de la disposición final quinta, el artículo 14 en relación con el 17 y el artículo 19.2.

La ley ya está en vigor

La Ley del Aborto entró en vigor este lunes y no fue un inicio demasiado luminoso. A la polémica judicial y constitucional, azuzada por la rebelión declarada de Navarra y Murcia que anunciaron que no van a cumplirla- se unió la denuncia de que los centros de salud no han recibido aún la información que deben ofrecer a las mujeres que se interesen por la interrupción voluntaria del embarazo.

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