En la sanidad pública madrileña "la mayoría de los profesionales, por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niegan a hacer a abortos".  Así lo ha considerado este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en referencia a la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto en una entrevista en Telemadrid.

Fernández-Lasquetty ha destacado que "la ley se debe cumplir", aunque se ha comprometido a preservar "en todo momento" el derecho de los profesionales, particularmente de los médicos y enfermeras, a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia.  

A efectos prácticos, explicó que para médicos y enfermeras, la situación es la misma que desde el año 85 que entró la ley del aborto. "La Comunidad de Madrid, en sus hospitales públicos, no obliga a nadie en ningún caso a realizar un aborto y la realidad es que la mayoría de los profesionales, por no decir la práctica totalidad con algunas excepciones, se niegan a hacerlos y esa es la garantía que quiere dar la Comunidad", planteó.

"Quien en este momento en Madrid, al amparo de la ley, quiera realizarse un aborto, puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente se hace derivándolo a clínicas privadas", reconoció. Lasquetty, que dijo no haber calculado el coste de aplicación de la nueva ley, insistió en que a su juicio aumentará el número de abortos.

Para Lasquetty, el de este lunes fue "un día triste" por la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. Subrayó que ésta "no fue un compromiso electoral de Zapatero", todo lo contrario, "en campaña electoral prometió que no iba a reformar la ley del aborto, algo que se ha hecho". "Es una ley que no tiene respaldo social, se ha visto en las encuestas", destacó.

Asimismo, el consejero dijo que "no hay ningún tipo de complot o boicot por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular", aunque éstas hayan expresado reiteradamente su rechazo. "El PP como tal ha presentado un recurso de inconstitucional en el Tribunal Constitucional que, ojalá, se resuelva lo antes posible, pero estamos en un Estado de derecho, bajo el imperio de la ley y la ley se aplica", señaló.

Una ley "con calzador"

Lasquetty mostró sus divergencias con al ministro de Fomento, José Blanco, respecto a que esta reforma equipara a España a la legislación europea y "va a ser muy positiva" porque va a fomentar la prevención y reducir el número de abortos. "No es cierto. Si se trata de equipararse a Europa ya me gustaría a mí que el Gobierno se empeñara en equipararse a Europa en otras cosas, en salir de la crisis, en reducir el déficit y en no tener un porcentaje de paro tal brutal como el que tenemos en España", manifestó.

"En cuanto a lo segundo, ésta es la manera que tiene el Gobierno y el partido socialista de tratar de meter con calzador esta ley como si por hacer más fácil el aborto, fuera a haber menos. Al revés, lo más probable es que haya más número de abortos, desgraciadamente", lamentó.