IU pregunta al Gobierno por la Comisión Bilateral Estado-Principado sobre la ley de integración del Grande Covián

La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha admitido a trámite esta semana una pregunta al Gobierno, en la que solicita respuesta por escrito, de la diputada del Grupo Parlamentario de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, sobre quiénes son los miembros del grupo de trabajo designado para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias una solución en relación a la Ley sobre la Integración del Hospital del Oriente de Asturias 'Francisco Grande Covián' en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha admitido a trámite esta semana una pregunta al Gobierno, en la que solicita respuesta por escrito, de la diputada del Grupo Parlamentario de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, sobre quiénes son los miembros del grupo de trabajo designado para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias una solución en relación a la Ley sobre la Integración del Hospital del Oriente de Asturias 'Francisco Grande Covián' en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

"¿Quiénes son los miembros del grupo de trabajo designado para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias la solución que proceda en relación con la Ley del Principado de Asturias 2/2010, de 12 de marzo, de Integración del Hospital del Oriente de Asturias "Francisco Grande Covián" y de su Personal en el Servicio de Salud del Principado de Asturias en Régimen de Gestión Directa?", pregunta en la iniciativa, consultada por Europa Press.

La Ley de Integración fue aprobada en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) celebrado en marzo de este año. Salió adelante con los votos de IU-BA-Verdes, autor de la iniciativa, y del PP. Sin embargo, el PSOE se opuso desde el primer momento. 23 votos a 20 fue el resultado a favor de la ley. El portavoz socialista, Fernando Lastra, se opuso al texto y dijo además que la tramitación de la norma había estado llena de irregularidades

El texto aprobado, ley que está en vigor, dispone la integración del Hospital en el Sespa en régimen de gestión directa. Quedan así integrados todos los derechos y obligaciones personales y patrimoniales de la fundación del sector público fundacional del Principado de Asturias 'Fundación del Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián' y "específicamente las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo que se encontrasen vigentes con la citada fundación a la entrada en vigor de la presente Ley,. quedando el personal del citado centro hospitalario integrado como personal propio del Sespa"..

Como disposición adicional se señala que el personal conservará "a todo efecto legal" el conjunto de sus derechos laborales activos y pasivos, categoría profesional y puesto de trabajo en el Hospital del Oriente de Asturias "Francisco Grande Covián ". La disposición final primera señalaba que en el plazo de seis meses el Gobierto y el Patronato de la Fundación del sector público fundacional debían dictar cuantas disposiciones, actos y acuerdos ejecutivos de la Ley resultaren precisos para la más completa ejecución de lo dispuesto en la misma y específicamente para proceder a la extinción de la personalidad jurídica de la citada Fundación del sector público fundacional del Principado de Asturias.

La Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad publicó el día 14 de junio una resolución por la que se ordenaba la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado. Señalaba que en su reunión del día 26 de mayo, se acordó iniciar negociaciones para resolver las "cuestiones suscitadas" en relación con la ley respecto a la integración del personal y en especial, al apartado 2 del artículo único y a su Disposición adicional.

Se acordó también designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. El nombre de sus integrantes es lo que pregunta ahora IU. Según distintas fuentes consultadas, la Comisión Bilateral ha tenido que habilitarse, después de que el Defensor del Pueblo recibiese una queja relativa a la norma. No obstante, el Defensor del Pueblo no ejerció acción alguna ante el Tribunal Constitucional sobre la norma.

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