La diputada del PP y ex consellera de Obras Públicas del Govern de Jaume Matas, Mabel Cabrer, ha acusado este sábado al conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, de hacer "demagogia" con la auditoría realizada sobre las dos autovías de Ibiza, cuyos resultados apuntan a supuestas irregularidades en su ejecución.

Carbonero presentó ayer los resultados de esta auditoría en la que se determinó, entre otras irregularidades, que el anterior Govern no era competente para llevar a cabo estas infraestructuras en el momento de su encargo puesto que las competencias en carreteras ya se habían traspasado a los Consells Insulares. Además, se apuntaba un elevado sobrecoste, al haber pasado de ocho millones de euros presupuestados en el proyecto inicial al coste real de más de 150 millones, según indicó el conseller.

Cabrer ha dicho al respecto que el Govern firmó un convenio con el Consell Insular de Ibiza para poder licitar las obras de su competencia y ha apuntado que "obviamente la Intervención de la CAIB jamás dejaría licitar unas obras para las que no se tuviera competencia".

En referencia al supuesto sobrecoste, la 'popular' ha explicado que el presupuesto que figuraba en el convenio de carreteras -4,71 millones de euros y 3, 63 millones de euros- era una cifra mínima de punto de partida porque en aquel momento el Ministerio de Fomento no les autorizaba "más que a recuperar las cifras que el anterior Pacte de Progrés de 1999-2003 había dejado perder". Así, ha apuntado que "la cifra real de una carretera la marca el proyecto y, a partir de esta cifra, se miran los sobrecostes con los correspondientes modificados y/o complementarios".

Asimismo, ha agregado que las carreteras de Ibiza fueron objeto de "la mejor auditoría pública, independiente y transparente posible, que es la del Área de Intervención de la Comunidad", la cual fiscalizó "los pliegos, la contratación, el gasto y la adjudicación, interviniendo en todas las fases y en la Mesa de Contratación".

Cabrer ha señalado que en el caso de la carretera que une Ibiza y Sant Antoni, ésta "fue objeto de una segunda auditoría en el informe de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2005, que analizó los informes y resoluciones previas del contrato, el contenido de los pliegos, la adjudicación y notificación, la selección del contratista, la Mesa de contratación, la formalización del contrato, el acta de replanteo y la ejecución".

Por otra parte, la diputada ha añadido que los expedientes de expropiación "han sido analizados por la Administración de Justicia, y aproximadamente sólo un 2 por ciento de un total de 500 expedientes han obtenido sentencia favorable al administrador, por aspectos de defecto de notificación, habituales en cualquier proceso de construcción de una carretera en cualquier Administración Pública".

Carbonero afirmó ayer, además, que el anterior Govern había realizado una serie de modificaciones considerables respecto al proyecto inicial que habrían precisado volver a pasar por determinados trámites, como el de exposición pública o la emisión de un informe de impacto ambiental. En este sentido, Cabrer ha reprochado a Carbonero, tal y como ayer ya hizo el secretario general del PP, Miquel Ramis, que la ejecución de estas infraestructuras la ha llevado a cabo el actual Ejecutivo autonómico.

En este sentido, la diputada ha destacado que los funcionarios que han participado en los procesos de contratación, gasto, así como en la dirección técnica de las obras y expropiación, son los mismos que han continuado esta legislatura "recepcionando las obras, pagando las primeras anualidades (ningún pago se hizo la anterior legislatura) tras comprobar si se explotaba la obra según el pliego o no, e incluso aprobando modificados de obra de características técnicas y económicas muy importantes".

Por otra parte, la 'popular' ha agregado que las carreteras de Ibiza fueron contratadas por el sistema de peaje en sombra "ante la denuncia del convenio de carreteras efectuado por el Ministerio de Fomento (acuerdo en el que, además, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Govern balear)".

La diputada ha criticado también que, a principios de mayo, el Grupo parlamentario Popular solicitó una copia de las auditorías "para evitar la utilización de dinero público para fines partidistas", las cuales no se les ha entregado.