La fiscal María Pilar Arciniega, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la localidad altoaragonesa de Barbastro, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez mediante el cual se deniega la solicitud del Obispado de Barbastro-Monzón de aplicar el denominado Exequatur, mediante el cual la Justicia española ejecutaría la sentencia vaticana del litigio de la Franja.

El recurso de la fiscal exige que se aplique el Concordato firmado, en 1979, por el Gobierno de España con la Santa Sede y proclama la plena eficacia del derecho a invocar el Exequatur para ejecutar cualquier resolución de los tribunales eclesiásticos.

El Ministerio Fiscal rechaza el argumento del juez, según el cual el exequatur sólo se puede aplicar sobre algunas de las resoluciones eclesiásticos, como determinadas modalidades de matrimonio católico. La fiscal entiende que, en caso contrario, las decisiones judiciales del Estado Vaticano tendrían menos fuerza ante la Justicia española que las de cualquier otro país, tuviera o no convenio bilateral en materia de Justicia.

La Fiscalía acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) para afirmar que la plena vigencia del Exequatur y la posibilidad de aplicarlo a todas las resoluciones judiciales del Vaticano permite frenar el denominado fraude procesal, ya que la Justicia ordinaria de España que está obligada a ejecutar el Exequatur. En caso contrario, se podría bloquear cualquier sentencia eclesiástica de aplicación en España o sobre ciudadanos españoles únicamente presentando un recurso ante la Justicia española.

El hecho de que la Generalitat de Cataluña haya catalogado como propios los bienes en litigio "en nada afecta a la concesión del Exequatur, ya que tal catalogación no prejuzga la propiedad de los bienes, ni impide que se declare su propiedad, ni priva a quien en cada caso sea su titular de su derecho dominical".

Esta catalogación "somete los bienes y a quien en cada caso sea su poseedor o propietario a un régimen especial de protección y autorización administrativa dirigido a garantizar su correcta conservación, pero ni anula ni impide declarar el derecho de propiedad, sino que coexiste con él".

La Fiscalía recuerda que el Concordato reconoce a la Iglesia Católica en España su derecho a organizarse como desee, lo que incluye tomar las resoluciones judiciales que considere oportunas.

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