Martinsa Fadesa iniciará este mes de julio la fase de votación del convenio de acreedores del concurso en que la inmobiliaria está inmersa desde hace dos años, con lo que afianza así su previsión de poder superar esta situación de tutela judicial antes de que concluya este ejercicio.

El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña informó este viernes de que prevé dictar "a principios" de la semana que viene las tres últimas sentencias sobre los incidentes presentados al informe que la administración concursal realizó sobre la inmobiliaria.

Posteriormente, dictará una provindencia para que los tres administradores concursales presenten el texto definitivo del informe y del inventario de acreedores de la inmobiliaria (cuentan con un plazo legal de cinco días).

Una vez que el juez reciba estos textos, dictará el auto que pone fin a la fase común del concurso y a su vez abre la fase de convenio, "y que según lo previsto será en el mes de julio".

Este calendario supone un ligero retraso sobre la previsión inicialmente comunicada por el Juzgado la pasada de semana de superar la fase común del concurso de Martinsa durante la presente semana.

La fase de convenio supone abrir un plazo de 90 días hábiles para que los acreedores de la inmobiliaria muestren su posición favorable o contraria a la propuesta sobre las condiciones y calendario de pago de deuda que presente la empresa.

Martinsa negocia actualmente con sus acreedores una nuevo plan de pagos "más adecuado a las circunstancias actuales", según informó Martín ayer jueves ante la junta de la empresa. La propuesta sustituiría así a la presentada en diciembre de 2008, que garantizaba el pago de toda su deuda íntegra, sin quita alguna, en un periodo de ocho años (entre 2010 y 2017).

La conclusión de esta fase de convenio del concurso supone su superación y la de la tutela judicial. La compañía que controla y preside Fernando Martín saldría así del concurso dos años y medio después de que en julio de 2008 protagonizara la mayor suspensión de pagos de la historia empresarial española, al declararse insolvente con un pasivo de unos 7.000 millones de euros.