El portavoz adjunto del Grupo popular del Ayuntamiento hispalense y ex consejero de la sociedad mixta Mercasevilla, Beltrán Pérez, advirtió hoy de que el acuerdo adoptado por la junta general de accionistas de esta empresa participada por el Consistorio y Mercasa, para reducir de 23 a nueve los miembros de su consejo de administración con la desaparición de la representación que ostentaba el PP, es "anti estatutaria" al infringir el artículo 25 de los estatutos de la compañía, que obligan a la Administración local a establecer su representación bajo una "paridad" entre concejales y técnicos.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez recordó que el mencionado acuerdo, adoptado en el seno de la junta general de accionistas de la sociedad mixta con los votos favorables de los miembros de la directiva que representan al Ayuntamiento y de la sociedad estatal Mercasa, —pero el voto contrario de la asociación de mayoristas de fruta como accionista minoritario—, supuso la creación de un nuevo consejo de administración formado por cuatro representantes de Mercasa y cinco por parte del Consistorio.

En concreto, los cinco miembros del consejo de administración correspondientes al Ayuntamiento hispalense, accionista mayoritario de la compañía, son el consejero apoderado de la empresa y futuro presidente; el concejal socialista Alfonso Mir, el primer teniente de alcalde y vicepresidente, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), una directiva de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, María Luisa García, el secretario general y el interventor del Ayuntamiento.

A tal efecto, Beltrán Pérez esgrimió los estatutos de la empresa y recordó que el artículo 25 establece que la representación del Ayuntamiento en el consejo de administración de esta sociedad mixta debe estar sujeta a una "paridad" entre concejales y técnicos, toda vez que, en el caso de la configuración escogida al quedar en número impar los representantes del Consistorio, serían dos los concejales y tres los técnicos. "Se ha vulnerado el artículo 25 de los estatutos, es un incumplimientos estatutario flagrante y claro", clamó el concejal popular en cuanto a su "expulsión" del consejo de administración a cuenta de la reducción acordada por la última junta general de accionistas.

"con absoluta premeditación"

A tal efecto, Pérez advirtió de que los representantes del Ayuntamiento y de Mercasa han actuado "con absoluta premeditación y en contra de la legalidad establecida" en los propios estatutos de la sociedad mixta, al promover una reducción de 23 a nueve miembros en el consejo de administración con el objeto de "expulsar" al representante de la oposición. Y es que, según recordó, en dicha sesión de la junta general de accionistas, la asociación de mayoristas de fruta propusieron que la reducción del consejo de administración se ajustase a once miembros para conservar al representante de la oposición en la Corporación municipal.

Mediante esta opción, finalmente desechada por los accionistas mayoritarios, el Ayuntamiento habría gozado de seis de los once miembros y, así, la composición de la representación municipal se habría ceñido a la paridad estipulada por los estatutos de la sociedad mixta. "De manera consciente, no adoptaron el único acuerdo que se ajustaba a los estatutos", denunció públicamente el dirigente popular.

Acciones judiciales

Es por esto que anunció que los populares incorporarán este aspecto a las acciones judiciales que, como ya se había informado, promoverá el partido por la vía civil contra este acuerdo de la junta general de accionistas de Mercasevilla que, además de reducir de 23 a nueve los miembros del consejo de administración, ha implicado la desaparición del PP en los órganos de gobierno de la compañía. Dentro de estas acciones judiciales, el PP también espera alegar el acuerdo alcanzado por el pleno del Ayuntamiento el 29 de junio de 1988, a instancias del Grupo de IU-CA, para instar a la junta general de accionistas de la empresa a modificar sus estatutos para dar cabida en sus órganos de gobierno a las fuerzas políticas del Consistorio.

La intención del PP, de hecho, es solicitar como medida cautelar la suspensión del citado acuerdo de la junta general de accionistas, siempre con la idea de "restituir la legalidad en el consejo de administración de Mercasevilla".

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