La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal ha citado mediante una providencia a cada uno de los procuradores de las partes personadas en la causa a las 12:00 horas de mañana miércoles "al objeto de notificársele la sentencia de este procedimiento".

La sentencia pondrá fin al proceso contencioso abierto a instancias de los familiares de las víctimas para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), al Gobierno aragonés y al resto de Administraciones implicadas el pago de indemnizaciones por un importe aproximado de 18 millones de euros.

El pasado 11 de mayo, los demandantes presentaron sus escritos de conclusiones, en los que destacaban el testimonio prestado por un funcionario del Gobierno aragonés, el ingeniero Emilio Pérez Bujarrabal, quien emitió dos informes contrarios a la ubicación de unas instalaciones turísticas "frágiles" como un cámping en el cono de deyección (desagüe) de un barranco de comportamiento controlado.

Los superiores de este ingeniero, según los demandantes, retiraron su informe del expediente "con el único fin de que el consejero correspondiente pudiera autorizar el cámping, sin informes en contra, lo cual resultaría difícil de justificar ante la ciudadanía y la ley". Por su parte, los representantes legales de las distintas Administraciones insistieron en sus escritos de defensa que la riada que arrasó el cámping se debió a una "causa mayor" imprevisible.