El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Agustín Hernández, ha llegado este viernes al edificio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en A Coruña, para declarar como imputado por un supuesto delito de falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública.

Algo más de diez minutos antes de la hora para la que estaba citado para prestar declaración, el conselleiro apareció ante la sede del TSXG, en donde no hizo declaraciones a los medios. No obstante, está previsto que las realice al término de su comparecencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una providencia en la que cita para este viernes al conselleiro para que declare "en calidad de imputado" por la querella que el PSdeG presentó contra él por haber certificado una obra viaria que no estaba acabada durante su época como director del área de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

La providencia cita al conselleiro Agustín Hernández para las 10.00 horas y a las 12.00 horas al ingeniero y director de la obra, B.P.E., para que den su versión sobre la obra en cuestión, la variante de Lira, que fue certificada sin estar concluida.

La denuncia del PSdeG contra Hernández fue presentada en mayo del año pasado en el juzgado de guardia de Pontevedra, pero éste se inhibió en favor del TSXG dada la condición de aforado del conselleiro. El pasado mes de abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar sumario por los delitos denunciados de "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública" a la espera de la calificación definitiva.

La obra de la variante de Lira está incluida en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación de Pontevedra de 2006 y fue licitada en casi 400.000 euros y adjudicada a la empresa constructora Sercoysa, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

Según argumentó en su momento la Diputación de Pontevedra, la obra se complicó por problemas burocráticos y el proceso de certificación que se juzga fue realizado para no perder los fondos de la Unión Europea para la financiación de la carretera.