La Comisión de CC.AA del Senado ratifica las 15 leyes que desarrollan la financiación autonómica y las envía al Pleno

El PP critica el nuevo modelo porque "atropella" la autonomía fiscal al "incentivar" a las comunidades que suben los impuestos

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha ratificado este miércoles, con los votos del PSOE y la Entesa, los 15 proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades que desarrollan el modelo de financiación autonómica aprobado el año pasado, después de aceptar las enmiendas presentadas por el PP y rechazar las de CiU y BNG. Ahora quedan pendientes de ser aprobados en el Pleno.

Aunque el debate previo del Congreso se ha saldado con la aprobación de los 15 proyectos de ley con el rechazo a todas las enmiendas, en este caso el PP hizo valer su mayoría en el Senado para aprobar dos supresiones a todos los textos para las comunidades autónomas a las que afectan. Por eso, cuando el Pleno de la Cámara Alta apruebe la semana que viene los 15 proyectos, volverá al Congreso debido a que habrán sufrido modificaciones.

Aplicando las enmiendas del Grupo Popular, de los proyectos de ley de cesión de tributos queda suprimida la expresión del segundo párrafo del epígrafe I del Preámbulo, que decía que "se ha clarificado y perfeccionado la definición del principio de lealtad institucional", al entender que "no procede hablar de principios generales (lealtad institucional) cuando estamos regulando principios específicos de la financiación autonómica (participación en los ingresos del Estado)".

El texto de los proyectos de ley pasará al Pleno también sin el cuarto párrafo del epígrafe I del Preámbulo, en el que se explican los motivos, una referencia "innecesaria" a juicio del PP, que se abstuvo en las votaciones de los 15 textos.

Para la senadora María del Mar Angulo, el Grupo Popular no se opone a los 15 proyectos de ley para así "dar cumplimiento" a la ley de financiación autonómica, pero ha remarcado que esto no significa que el nuevo modelo tenga mayor respaldo o que sea mejor que el anterior.

A su juicio, el nuevo sistema de financiación "no garantiza la suficiencia en los recursos ni la equidad del reparto" y ha acusado al Ejecutivo de escudarse en "recursos adicionales que no son ciertos" para "desentenderse de servicios públicos esenciales". También considera que el modelo no apoya la autonomía fiscal, sino que la "atropella porque incentiva a los que se suben al carro del Gobierno y suben los impuestos".

Referencias al estatut

Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, ha utilizado el recientemente recortado Estatuto catalán para asegurar que las 11 enmiendas que presentó al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña "están basadas" precisamente en artículos de dicha norma. Finalmente, todas las enmiendas han sido rechazadas con sólo un voto a favor y 46 en contra, por lo que Vilajoana rechaza su vez el proyecto de ley.

Mientras, el senador de la Entesa Catalana de Progrés Carles Josep Bonet (ERC) ha justificado su voto negativo a los cambios propuestos por CiU afirmando que el modelo de financiación autonómica "respeta más" el Estatuto catalán que la anterior ley, ya que "incentiva a las comunidades autónomas a que se espabilen y no busquen siempre la teta del Estado". "Dentro de lo que se puede pedir desde la nación catalana, jurídicamente hablando, es un buen modelo", ha añadido.

Aunque el senador socialista José Ignacio Pérez Sáenz admite que el modelo de financiación autonómica pactado el año pasado es "seguramente mejorable", también cree "indiscutible" que es "mejor que el anterior", y recuerda que las comunidades lo aceptaron.

El debate de la cesión de tributos en el Senado ha contado con la asistencia del consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, entre otros, quien denunció la falta de negociación entre el Estado y las autonomías a la hora de aprobar el nuevo modelo de financiación, que en su región "no cubre" a más de un millón de personas.

Además, ha criticado el "importante retroceso del principio de lealtad institucional" en el año que la ley lleva en vigor y opinó que su intención ha sido "compensar a sólo una comunidad autónoma" como es Cataluña.

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