"Las entidades del Tercer Sector de la discapacidad en España trabajan bajo un modelo de colaboración económica con el sector público, que genera un elevado grado de dependencia, en cuanto que son, en gran medida, un brazo gestor de las políticas públicas de acción e integración social", es una de las conclusiones extraídas de un avance del informe 'Análisis de las entidades de la discapacidad y sus fuentes de financiación actuales y futuras', de la Fundación ONCE.

Así lo destacó el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá, Gregorio Rodríguez, en el marco de la celebración en Logroño de la Conferencia Interautonómica 'Preparando el futuro: hacia un nuevo modelo de sostenibilidad económica del Tercer Sector de la discapacidad en España', organizada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad La Rioja (CERMI La Rioja) y por el CERMI Estatal, en colaboración con el Gobierno regional.

Para el catedrático, en cuanto a una visión general de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, "existe una elevada dependencia de los recursos públicos en cuanto a financiación". En este sentido, ha destacado que "el 70 por ciento de la financiación procede del sector público y no llega al 20 por ciento la propia, siendo la privada poco más del 10 por ciento".

"La crisis actual puede incidir a una mayor incertidumbre respecto a la financiación pública e incluso de la privada, a pesar de la tendencia general a conectar con la sociedad civil y a las empresas desde el año 2000", añadió.

También ha comentado que el modelo de colaboración con el sector público es de "colaboración económica" y, en menor medida, en el diseño de las políticas públicas. Igualmente, ha asegurado que "la colaboración en el seno del Tercer Sector de Acción Social es desigual, tanto económica, técnica como institucional dentro de un mismo segmento social de intereses y necesidades".

Asimismo, afirmó que estas entidades tienen una cuenta de resultados globalmente positiva y con un bajo nivel de rendimiento; al mismo tiempo que se caracterizan por tener un bajo nivel de integración de instituciones públicas y privadas u otras organizaciones sociales en el gobierno del Tercer Sector de Acción Social.

Otras de las conclusiones extraídas del informe es, por un lado, la que responde a la definición de las entidades de la discapacidad como "un sector maduro y consolidado en términos organizativos"; y, por otro, la tensión existente en el desarrollo de sus funciones sociales, como su función reivindicativa, de prestación de servicios, y política.

Gregorio Rodríguez también señaló que el marco de las necesidades de este sector se sitúa entre la mejora de la protección social y la integración laboral; y, al mismo tiempo, ha destacado el elevado grado de polarización en cuanto a la dimensión económica entre el primer nivel o de servicios y el segundo nivel, así como dentro de cada nivel.

Sin embargo, mantiene una visión pesimista de la continuidad del sector público como fuente de financiación, sobre todo de las entidades del segundo nivel, así como que resalta su tendencia de reforzar la autofinanciación en base a socios.

Durante el encuentro, que se celebrará durante los días 29 y 30 de junio, se analizará el tejido asociativo de la discapacidad y la estructura del Tercer Sector así como sus fuentes de financiación y su sostenibilidad futura.