El secretario provincial del PSOE de Lugo, Ricardo Varela, aseguró hoy que el Partido Popular se persona en la causa de Castro de Rei para conocer las implicaciones de sus alcaldes.

Así lo señaló después de que el presidente del PP lucense, Xosé Manuel Barreiro, hubiese anunciado que se van a presentar en la causa, que investiga supuestas adjudicaciones irregulares de obras por ese ayuntamiento lucense.

Esta instrucción, que lleva la titular del Juzgado número 3, Estela San José, trata de dirimir, entre otros, supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en las adjudicaciones de obras, en su mayor parte del Plan E y planes provinciales por parte del Ayuntamiento de Castro de Rei.

Esta investigación llevó a la detención, en octubre de 2009, del alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, tres concejales del equipo de gobierno, dos funcionarios de la diputación, la vicepresidenta segunda de esta institución, la también socialista Lara Méndez, y un buen número de empresarios que realizaron obras en este municipio.

El fiscal, abierto el sumario, demandó que se investigue a otros ayuntamientos, cuatro del PP —O Vicedo, Ourol, Cospeito y Ribeira de Piquín— y dos gobernados por el PSOE —Negueira de Muñiz y Becerreá—.

"nada nuevo"

Así las cosas, Ricardo Varela interpretó que los populares quieran personarse por el interés de este partido "en conocer las posibles afecciones que pueda tener el PP en relación con la causa abierta". A este respecto, advirtió de que "esto no es nada nuevo, porque ya se personaron en el caso Gürtel y "también con la intención de conocer lo que se cocía en ese sumario".

El secretario provincial de los socialistas recomendó a Barreiro que se persone igualmente en la causa abierta contra el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el popular Alfonso Fuente Parga, y que se encuentra incurso en un procedimiento ligado al urbanismo en el municipio.

Además, el dirigente socialista acusó al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, de "una tendencia compulsiva a judicializar" la vida política en la comunidad y de, además, tener una "tendencia compulsiva a emplear la difamación, la calumnia y la maledicencia como instrumentos de la acción política".