El representante legal de Caja Rural de Córdoba afirmó hoy que en las juntas preparatorias para la asamblea general ordinaria de junio de 2009 él pidió a todos los representados la delegación de voto, por lo que aseguró que "cumplió con lo que debía hacer".

Y es que tres socios de la caja han presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba una demanda en la que aseguran que en las juntas preparatorias se cometieron irregularidades al no haberse conformado el quórum establecido en los estatutos.

De este modo, la asamblea general ordinaria del 27 de junio de 2009 ha sido impugnada, ya que la elección, el 13 de febrero de 2009, de los 12 miembros titulares y 12 suplentes del consejo rector se hizo por los socios, elegidos delegados en cada una de las juntas preparatorias, celebradas con anterioridad para acudir a la asamblea general ordinaria.

Así, durante la celebración del juicio, el representante legal y encargado de la preparación previa de estas juntas desde hace 25 años, aclaró que en ese tiempo "nunca se ha impugnado ninguna junta preparativa y siempre se ha hecho con el mismo modelo". Precisó además que él es socio organizador de la junta y cuando se empieza a celebrar no interviene, sino que su papel desaparece en el momento que se elige presidente de la junta preparativa.

Por su parte, uno de los letrados de la acusación nombró cinco casos en los que cinco personas aparecen en las listas de las juntas preparatorias como presentes y también representados y en la que este representante legal era secretario.

De otro lado, uno de los demandantes manifestó que es el socio organizador quien toma las acreditaciones y además él quería nombrar al presidente y secretario porque quería "imponer" lo que decía, pero otro de los denunciantes se negó a ello.

Asimismo, durante la celebración del juicio acudió a declarar otro de los socios, también demandante, que es empleado de la caja desde 1972, año desde el que aseguró que se ha cambiado la forma de organizar las juntas preparativas, desmintiendo así que siempre se hayan hecho de igual forma, como aseguró el representante legal.

Por todo esto, los demandantes consideran que la actual cúpula directiva de Caja Rural de Córdoba estaría invalidada para controlar y gestionar la entidad.