El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, rechazó hoy que le "preocupe" la imputación realizada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que lo citó a declarar el próximo viernes en A Coruña por la querella interpuesta por el PSdeG debido a la certificación de una obra que estaba sin acabar durante su época como director del área de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

"No tengo nada que decir sobre eso, es un procedimiento consecuencia de una denuncia del Partido Socialista del que ahora hace diligencias previas el TSXG", manifestó en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la jornada sobre la aplicación en Galicia de la normativa de responsabilidad medioambiental.

En todo caso, se reafirmó en que no le "preocupa". "No me preocupa, no le dedico ni un minuto a este tema y voy a seguir trabajando", resolvió el dirigente autonómico.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una providencia en la que cita para el próximo viernes al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para que declare "en calidad de imputado". La providencia lo cita para el próximo viernes a las 10.00 horas y también para el mismo día, a las 12.00 horas, al ingeniero y director de la obra, B.P.E., para que den su versión sobre la obra en cuestión, la variante de Lira, que fue certificada sin estar concluida.

La denuncia del PSdeG contra Hernández fue presentada en mayo del año pasado en el juzgado de guardia de Pontevedra, pero éste se inhibió en favor del TSXG dada la condición de aforado del conselleiro. El pasado mes de abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar sumario por los delitos denunciados de "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública" a la espera de la calificación definitiva. OBRA

La obra de la variante de Lira está incluida en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación de Pontevedra de 2006 y fue licitada en casi 400.000 euros y adjudicada a la empresa constructora Sercoysa, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

Según argumentó en su momento la Diputación de Pontevedra, la obra se complicó por problemas burocráticos y el proceso de certificación que se juzga fue realizado para no perder los fondos de la Unión Europea para la financiación de la carretera.