La Asamblea Regional dio hoy el visto bueno a la ley que modifica los presupuestos regionales de 2010 para introducir la rebaja generalizada del 5 por ciento en los salarios de los funcionarios regionales y de hasta el 15 por ciento para los cargos públicos, junto a medidas adicionales como el aplazamiento del pago de 22 infraestructuras educativas y deportivas y la prohibición de crear, este año, más entes, sociedades mercantiles y fundaciones, salvo casos excepcionales.

Además, el Gobierno regional se comprometió el viernes, por boca de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, a hacer desaparecer 25 entidades, la mayor parte consorcios turísticos, de las 104 con que cuenta la Administración regional.

La norma modificadora salió adelante sin que el PP aceptara ni una sola de las 29 propuestas de la oposición, aunque el propio Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en la cámara, introdujo dos alternativas en sendas disposiciones adicionales.

Una de las propuestas del PP pretende extender el control presupuestario propio de la Administración regional a las entidades de derecho público y sociedades mercantiles dependientes de la Comunidad condicionando sus actuaciones a los ingresos de los que dispongan.

La otra da la potestad al Consejo de Gobierno para "declarar la no disponibilidad de hasta un 10 por ciento del presupuesto de cualquier partida "cuando se base en la insuficiencia de crédito o en que el propuesto no se considera adecuado, lo cual también bloquearía determinadas actuaciones para las que no haya dinero.

En el apartado de personal, la ley deja la rebaja salarial para los funcionarios en sólo el 3,65 por ciento en los complementos cuya fijación depende del Gobierno regional, como son los derivados del puesto que de desempeñe, el de productividad, el de servicios extraordinarios

Desde el PSOE, su diputada regional, Begoña García Retegui, insistió en que la ley es un "mix entre la trasposición de la reducción salarial de los funcionarios y una serie de medidas como la supresión de fundaciones y entidades cuyo ahorro no se ha concretado".

A su juicio, lo que debería hacerse es "una ley de ordenación de la administración regional", de verdaderos efectos sobre la gestión pública para hacerla más efectiva y más barata.

Entre las 17 propuestas del PSOE para enmendar la ley, destacó la de una mayor uniformidad en la rebaja salarial para altos cargos de la administración. Así, la diputada regional, Begoña García Retegui, pidió que "los sueldos de los directores generales de la Administración se reducen un ocho por ciento mientras que los de los contratados de alta dirección en empresas y entes públicos bajan sólo un cinco por ciento".

A juicio de García Retegui, tanto estos últimos contratos como los de, por ejemplo, los directores de hospitales, deben bajar tanto como los de los directores generales.

Por su parte, el diputado de IU, José Antonio Pujante, manifestó su rotunda oposición a estas medidas, pero con reproche directo al PSOE más que al PP, dado que "no son ni la vía apropiada ni la única posible contra la crisis desde una óptica de izquierdas sino una salida neoliberal y de derechas".

Por eso, Pujante insistió en su discurso en ejercer un mayor gravamen fiscal a los que más ganan e introducir un impuesto a los depósitos bancarios, y manifestó su indignación porque "no se hace nada contra quienes roban a gran escala desde sus depósitos en Suiza".

Por su parte, el diputado del PP, Pedro Chico, reconoció que la ley estatal "se ha hecho a la ligera y ha obligado a las comunidades a completarla" e incidió en la necesidad que había de acompañarla de medidas de austeridad en la gestión pública.