Las Federaciones de Servicios Públicos (FSP) y de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-PV interpondrán tres recursos contra el Decreto Ley de Consell de la Generalitat que aplica el recorte sustancial de los salarios de sus funcionarios y empleados públicos, según informó el sindicato en un comunicado.

El primer recurso se interpone contra el acto del Consell por el que se aprueba la propuesta del conseller de Economía y Hacienda sobre medidas extraordinarias de reducción del déficit público, y está fundamentado en el carácter "confiscatorio" del recorte y en "la vulneración del principio de jerarquía normativa".

Por su parte, el segundo de los recursos tiene por objeto denunciar la "vulneración" de la Constitución Española y del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que, según UGT-PV, este recorte se realiza "sin la negociación debida con los representantes sindicales" y, además, "infringe los artículos 9.3, 14, 28, 31 y 37 —seguridad jurídica,igualdad, libertad sindical, derecho negociación colectiva y propiedad privada— de la Constitución Española".

Asimismo, el tercero de los recursos se dirige contra el Acuerdo del Consell de fecha 11 de junio de 2010 que aplica de forma "totalmente injustificada y no proporcional" los recortes salariales de cantidades consolidadas y que forma parte de la masa salarial intangible de los funcionarios y empleados públicos.

Junto a estos tres recursos judiciales, las Federaciones de Servicios Públicos y de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-PV también van a presentar un escrito al Defensor del Pueblo instándole a que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley del Consell porque "vulnera varios preceptos constitucionales", aseveró la formación sindical.

UGT pretende, con estos recursos, "frenar las agresiones a nuestros derechos consolidados, el cumplimiento de los acuerdos y la recuperación de la confianza en el diálogo social", así como "exigir una rectificación del Consell".

Del mismo modo, el sindicato anunció que seguirá "en la línea en defensa de la dignidad y profesionalidad de los empleados públicos injustamente atacados por las medidas de recorte del Gobierno autonómico, que nos trasladó en Mesa General su voluntad de no poner en marcha reformas fiscales progresivas y equitativas que aumenten la capacidad de ingresos de la comunidad autónoma, gravando las rentas más altas".

Asimismo, UGT indicó que está trabajando con sus Servicios Jurídicos, tanto a nivel estatal como autonómico, "para poder ejercer las acciones legales adecuadas que nos permitan defender con garantías los derechos e intereses de los empleados y empleadas públicas".