El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas (Sevilla) ha imputado a un total de ocho personas por los presuntos delitos de malos tratos y trato degradante contra los internos de la residencia para discapacitados que los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca poseen en la barriada nazarena de Montequinto.

En este sentido, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, tras la denuncia elevada a este respecto por el Ministerio Público, el Juzgado instructor ha imputado a un total de ocho personas, las cuales estaba previsto que prestaran declaración hoy viernes, aunque finalmente esta declaración ha sido suspendida y se ha fijado para los próximos días 1 y 2 de julio.

De este modo, conviene recordar que fue la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la que, en diciembre del pasado año 2009, puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de supuestas irregularidades cometidas en la gestión de este centro que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Administración autonómica.

En esta línea, la titular del ramo, Micaela Navarro, ya informó de que, en septiembre de 2009, la Junta abrió un expediente administrativo por incidencias de "menos gravedad" detectadas en el transcurso de un inspección, relacionadas con la existencia de algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve.

Responsabilidad civil subsidiaria

Navarro aseguró entonces que la Administración autonómica, respondiendo a su obligación, denunció las supuestas irregularidades a la Fiscalía "de modo inmediato en cuanto tuvo conocimiento de los hechos", añadiendo, sobre la posibilidad de que se exija a la Junta responsabilidad civil subsidiaria en este caso por tratarse de una residencia concertada, que "en ningún momento la Fiscalía ha requerido nada en esta línea" y que, además, es "difícil de entender que se le pueda pedir responsabilidad civil subsidiaria a la entidad que presenta la denuncia".

La consejera ya subrayó que la Junta de Andalucía mantiene un servicio de inspección activo durante todo el año y a lo largo de toda Andalucía en centros públicos, privados y concertados que prestan atención a menores, mayores o discapacitados y defendió la "profesionalidad" de los trabajadores de este servicio, que "velan constantemente para garantizar la seguridad de las personas afectadas y las familias".