El Consell de Govern aprobó hoy, a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, tres decretos que inciden en el despliegue de la Ley de Dependencia y que regulan, entre otras cuestiones, la compatibilidad entre los servicios y las ayudas, el establecimiento de límites al copago, o que serán los Consells los responsables de realizar las valoraciones.

En rueda de prensa posterior, la responsable de este departamento, Fina Santiago, explicó que el primer decreto fija que el plan individual de atención (PIA) a la dependencia y su seguimiento corresponde a los servicios sociales comunitarios y recordó que, para ello, la Conselleria transfirió 47 trabajadores sociales a los municipios.

Así, los Consells se encargarán de las valoraciones, aunque el Govern realizará la resolución de la situación y la asignación de las prestaciones. Además, el Ejecutivo balear tendrá seis meses, desde la presentación de la solicitud, para tramitar y finalizar la resolución de la valoración y la posterior resolución del PIA.

Este decreto crea la Red Pública de Atención a la Dependencia, que incluye todos los centros y servicios públicos que atenderán a las personas valoradas como dependientes, así como los privados y del tercer sector que tienen concertadas plazas residenciales o de centros de día.

También, establece las prestaciones y los servicios ligados a la atención a la dependencia como son: la teleasistencia; ayuda a domicilio; centros de día, ocupacionales; centros de noche; centros sustitutos del hogar, residencias y viviendas tuteladas; centros residenciales temporales; ayudas económicas vinculadas al servicio; y, finalmente, prestación económica por atención al entorno familiar.

Compatibilidad entre los servicios

Asimismo, determina el grado de compatibilidad entre éstos de manera que, por ejemplo, establece que podrán recibir teleasistencia todas las personas que reciban otras ayudas, a excepción de las residenciales. No obstante, éste no entrará en vigor hasta el 2012, debido a la actual crisis económica.

Otro de los decretos regula la aportación económica del beneficiario a los servicios asignados y establece unos límites a esta participación. En este sentido, se tienen en cuenta los ingresos de la persona beneficiaria, y el pago a los servicios se determina de manera progresiva según los ingresos y la capacidad económica de la persona usuaria. Además, la unidad de referencia económica es el Indicador Público de Renta que tiene Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros.

Finalmente, el decreto despliega las directrices necesarias para garantizar unos servicios de calidad desde una red pública que disponga de recursos públicos y privados contratados, adecuados a las necesidades de las personas usuarias.

En este sentido, además de ordenar el sistema, se fijan criterios y ratios para la autorización y acreditación del servicio. Los requisitos materiales hacen referencia a las condiciones arquitectónicas y de accesibilidad de las instalaciones.