El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Vigo en contra del proyecto de remodelación de las naves de comercio del Puerto olívico, en donde la presidenta de este organismo, Corina Porro, prevé construir un centro de atención a cruceristas y otros locales de ocio.

Así lo anunció hoy el concejal de Urbanismo, José Mariño (PSdeG), quien desveló que, una vez aceptada la denuncia del Ayuntamiento, el Puerto tiene 10 días "para dar sus explicaciones" al alto tribunal gallego. Asimismo, insistió en que la presidenta del organismo portuario, Corina Porro, "mintió y está realizando obras ilegales".

El Ayuntamiento presentó el pasado mes de mayo un recurso contencioso administrativo contra las actuaciones que Porro pretende acometer en las naves de comercio o de la fruta, pero también contra los proyectos para las naves de rederos —sobre el que el TSXG aún no se pronunció—, por entender que ninguna de las obras anunciadas para estas zonas se ajustan al actual Plan Especial del Puerto.

El concejal de Urbanismo defiende que las dotaciones para cruceristas y viajeros sólo pueden ubicarse en el muelle de trasatlánticos, en la dársena de A Laxe o en la zona donde actualmente está paralizada y "precintada" la obra para construir una fuente cibernética, y no donde están las naves de la fruta. En esa zona, insistió, el plan especial de ordenación contempla usos comerciales portuarios, para industria logística, u otras actividades complementarias. RECURSO

En el recurso presentado por el Ayuntamiento, con el fin de "paralizar todos los procedimientos antes de que se inicien las obras", se recoge que los trabajos que pretende acometer Porro "no son obras de interés portuario", sino para crear equipamientos "recreativos y comerciales abiertos al público en general", lo que las convierte en "contrarias a la legislación urbanística".

Asimismo, el escrito advierte de las "pérdidas económicas" derivadas de la ejecución de obras ilegales, y pide "medidas cautelares" de suspensión de dichas obras. Además, el Ayuntamiento sostiene que, si el Puerto quiere llevar a cabo esos proyectos, tiene que aprobar el plan de usos con las modificaciones pertinentes.