Cómo indemnizar a un director general

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM. 21 de julio de 2005.
Los antecedentes

El trabajador comenzó a prestar sus servicios para un grupo de empresas dedicado a la actividad de consultoría y asesoramiento en el sector de la informática, el 10 de diciembre de 2001.

Por medio de un contrato de trabajo de alta dirección se fijaba como categoría profesional la de director general de una de las empresas del grupo, con un salario anual de 84.141,70 euros fijos y 30.060,72 euros anuales de incentivos. También disponía de vehículo para uso profesional y particular en renting, por el que la empresa abonaba un total de 2.027 euros mensuales.

El 28 de enero de 2004, la empresa comunica la decisión de desistir del contrato de trabajo debido a falta de confianza en su gestión. Se ponía fin así a la relación laboral de director general, en base al artículo 11.1 del real decreto 1382/1985 que regula la relación especial de alta dirección. Se le abonaron tres meses de salario por la falta de preaviso y una indemnización de siete días de salario por año trabajado.

Las partes

El trabajador

Exigió en el recurso de suplicación que se considerase su relación laboral como ordinaria y una indemnización de 45 días por año trabajado, de acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa

Se opuso a esta petición al considerar que su relación laboral es de carácter especial, por lo que debe regularse por el real decreto 1382/1985. La indemnización que procede pagar es de siete días de salario por año trabajado.

La sentencia

El TSJM consideró que el trabajador realizaba su actividad de director general con autonomía, fijando la política de gastos, sin necesidad de autorización por parte de la empresa y con plenas facultades para contratar, otorgar poderes, etc.

Según el Tribunal, para que la relación laboral sea calificada de alta dirección, el trabajador debe actuar con plena autonomía y responsabilidad, sólo limitado por las directrices de los órganos superiores de gobierno y administración de la empresa. El Tribunal considera que se cumplen las características de esa relación especial de alta dirección, por lo que la empresa ha actuado conforme a la legislación laboral.

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