COAG expuso en un comunicado que está a favor de esta nueva norma que reforma la ley de morosidad. En este nuevo texto, según un comunicado de la organización, se establece, entre otras cuestiones, un plazo máximo de 30 días para que agricultores, ganaderos y cooperativas cobren por los "productos frescos" entregados a la distribución o al resto de agentes de la cadena alimentaria.

En lo que respecta a los productos "no perecederos" el plazo se establece en 60 días.

Para COAG-Canarias, la aprobación de esta ley, en la que se recogen gran parte de las propuestas y reivindicaciones de la organización, debe contribuir a que los productores en las islas, "que están atravesando, en su mayoría, una situación límite, puedan tener mayor liquidez para afrontar sus costes de producción".

"Si hasta ahora la regulación en los plazos de pago se limitaba en la normativa de comercio minorista a una serie de requisitos en la última etapa de la cadena de comercialización (esto es, la adquisición de los productos por parte del vendedor final), con la nueva normativa se establecen plazos límites en el pago a los productores, independientemente de quien sea el que adquiera sus productos (sea un intermediario que después lo vuelve a vender, la distribución,..)", defiende COAG.

En este punto recordó la organización que los plazos de pago en Canarias, al igual que en el resto del país, duplican los de países como Francia o Alemania, y triplican los de otros países como Suecia, superando de media los 3 meses a partir de la entrega de las mercancías.

El hecho de que para los productos frescos se limite a 30 días, y en los no perecederos a 60, va a permitir, según COAG, a los productores gestionar mejor la economía de su explotación, y tener liquidez para afrontar los gastos del día.

Otra novedad es que el plazo empezará a contar desde la entrega de la mercancía, y no desde la emisión de la factura, lo cual tiene que quedar documentado, y va a evitar comportamientos abusivos.

Como señaló López, "todas aquellas medidas que vayan en la dirección de evitar el actual desequilibrio en las relaciones entre los agricultores y el resto de agentes de la cadena comercial son beneficiosas".

"Las condiciones exigidas habitualmente a los productores, unido al bajo porcentaje que obtenemos del precio final que pagan los consumidores por nuestros productos, nos están estrangulando, por lo que hay que ponerle limite y hacer más justo al mercado de alimentos", argumentó.

A su juicio, la nueva Ley se orienta a este fin, por lo que es positiva. "El siguiente objetivo por el que vamos a pelear es que nunca cobremos por debajo de los costes de producción", concluyó.