La portavoz del grupo socialista municipal en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, advirtió hoy a la alcaldesa, Rita Barberá, de que "no puede escudarse" en la orden del ministerio que paraliza el PEPRI del barrio de El Cabanyal "para decir que no se puede rehabilitar" y no otorgar las licencias de obra y rehabilitación en el barrio.

Alborch, que compareció en rueda de prensa junto con los concejales socialistas Vicente González-Móstoles y Francisco Carsí, anunció la presentación en el pleno municipal de mañana una moción para pedir al Gobierno municipal que notifique por escrito a los vecinos de El Cabanyal la posibilidad de reformar sus viviendas acogiéndose a la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

También solicitan la comunicación a los vecinos de la posibilidad de acogerse a las ayudas públicas establecidas en el convenio entre la Generalitat y el Ministerio de Vivienda. Así, exigen que se adopten las medidas necesarias para que la tramitación y concesión de licencias se otorguen de acuerdo a los plazos legales.

En este sentido, el edil socialista González-Móstoles explicó que la suspensión del PEPRI por la orden que declara expolio los derribos hace que "reverdezca" el PGOU vigente. Por tanto, considera que los vecinos de este barrio marítimo "pueden y deben" rehabilitar sus casas "independientemente del emplazamiento en el que se encuentren y acogerse a las ayudas públicas. Además, el Ayuntamiento "está obligado a expedir las licencias en los plazos establecidos", insistió.

Del mismo modo, lamentó que, "en el colmo del descaro", hay un documento público "en el que se explica que -los servicios municipales- pueden y deben desarrollar el trámite de petición de licencia hasta el momento en el que se llegue a la resolución". En ese momento, "se paralizará", lo que consideró una "especie de tortura refinada" y de "venganza política".

González-Móstoles criticó que el equipo de Gobierno municipal haga una "interpretación maximalista" de la orden ministerial con una intención de "venganza" contra los vecinos que se han posicionado en contra de la prolongación de Blasco Ibáñez. Acusó al Gobierno municipal de adoptar una actitud de "sitio a hambre y sed" a los vecinos de El Cabanyal.

Por otro lado, recordó que en 2007, el Ministerio de Vivienda, la Generalitat y el Ayuntamiento firmaron un convenio para tres años por el que la Administración central adelantó 690.000 euros —se ha firmado otro hasta 2013—, de los que el consistorio "apenas ha aprobado ayudas por importe de 16.000 euros". Dicho convenio permite rehabilitar cerca de 800 viviendas.

La portavoz socialista, Carmen Alborch, reprochó que el Ayuntamiento que "no puede ser un obstáculo" para que los vecinos reciban las ayudas ministeriales. En la misma línea, González-Móstoles opinó que "en lugar de poner zancadillas", el consistorio debería "empezar a rehabilitar" comenzando por la Lonja de Pescadores.

Alborch señaló que lo que debería hacerse es convocar una mesa de negociación en la que se sienten las administraciones y los vecinos para llegar a un acuerdo con este asunto.