Según avanzó a EFE el secretario de Empleo y de Protección Social de UGT, Jesús Pérez, el principio de acuerdo deberá ser ratificado ahora por los órganos de dirección de las organizaciones que han negociado el texto con el Gobierno -la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO- para su posterior firma con el Ejecutivo, mañana martes o el día 21.

Este principio de acuerdo se alcanzó hoy en la mesa de diálogo que desde hace meses trabaja sobre la ley de dependencia, una norma que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes.

Según explicó Pérez, la ley desarrollará un sistema de atención a las personas con dependencia -que no pueden valerse por sí mismas- y será implantado paulatinamente a lo largo de dos legislaturas (hasta el 2015), empezando por la "gran dependencia".

Atención para todos

Los usuarios harán una aportación económica en función de su capacidad económica, y se garantiza que aquellas personas sin recursos suficientes tendrán derecho a recibir la atención requerida.

En cuanto a la financiación, Pérez explicó que ya existen una serie de recursos aportados por el Gobierno y por las comunidades autónomas, y los nuevos recursos serán sufragados al 50 por ciento por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas.

Se estima que el coste "será del 1 por ciento del Producto Interior Bruto", añadió. El texto establece tres niveles de dependencia: gran dependencia, dependencia grave y dependencia moderada, cada uno de los cuales contarán a su vez con dos grados más.

La moderada es aquella en la que la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día, y la severa cuando la persona necesita ayuda para realizar esas actividades dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente del cuidador.

Se considerarán grandes dependientes a los ciudadanos que requieren ayuda para realizar dichas actividades varias veces al día y que por su pérdida total de autonomía física o mental necesitan la presencia continua y permanente de una persona.

Los agentes sociales y el Gobierno también acordaron que el nivel de protección consistirá básicamente en servicios y solo en el caso de que éstos no existan habrá prestación económica.

El texto hace hincapié en la calidad de la asistencia y del empleo y para ello habrá centros de referencia encargados de contrastar esos extremos, manifestó. También se establecen una serie de criterios homogéneos para que la calidad sea igual en todo el territorio nacional, de lo que se encargarán "equipos de valoración". T

anto la oferta pública como la privada deberán ser de calidad y, con ese objetivo, ambas serán sometidas a periódicos controles, indicó Pérez.