La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, aseguró hoy que la Xunta buscará aumentar la recaudación de las arcas públicas a través de políticas que "no castiguen el consumo y la inversión", es decir, sin aumentar los impuestos pero incrementando las bases tributarias. Asimismo, otra de las medidas en las que su departamento hace hincapié en la lucha contra el fraude fiscal, que permitió aflorar 19 millones de euros el pasado año.

Estos datos fueron ofrecidos por la conselleira durante la respuesta a una interpelación formulada por el nacionalista Fernando Blanco, y en la que explicó que esos 19 millones casi duplica la cuantía que se había detectado el año anterior, ya que en 2008 fue de 10 millones de euros.

"Una subida de los impuestos sólo frenará la reactivación económica, ya que castigaría el consumo y la inversión", sostuvo la titular de Facenda en esta intervención, quien contrapuso que las bajadas normativas de impuestos favorecen la recaudación a medio plazo, mientras que los aumentos sólo tienen efectos a corto plazo en la recaudación. Además, también advirtió de que un tipo impositivo excesivamente alto propia el fraude y la evasión fiscal.

Para Marta Fernández Currás, mantener el gasto en protección social "no es contrario" a la implementación de políticas de austeridad, mediante el establecimiento de un plan que lo justifique y lo haga "más eficiente", junto con mecanismos adecuados de control que lo doten de transparencia.

Asimismo, durante su exposición, explicó que las prioridades de la política económica pasan por el empleo, la reducción del gasto público y el establecimiento de un sistema fiscal "estable, previsible y eficiente", que permita llevar a cabo rebajas "selectivas" de impuestos para contribuir a la dinamización económica.

Reproches de la oposición

Sin embargo, los grupos de la oposición cuestionaron las políticas contra el fraude fiscal que realiza la Xunta, al tiempo que denunciaron que una de sus promesas en época electoral, bajar el tramo autonómico del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF) no se ha cumplido.

"Era un compromiso", reprobó el interpelante, Fernando Blanco, quien volvió a poner sobre la mesa las propuestas nacionalistas "recuperar el impuesto de Patrimonio, no eliminar el impuesto de sucesiones y gravar las rentas más altas". "Se está produciendo un alarmante crecimiento de las desigualdades sociales, el único mecanismos que hay (para corregirlas) son las políticas fiscales", mantuvo.

Por su parte, la socialista María José Caride calificó la política de la Xunta de "ortodoxa neoliberal" y también echó en cara que la rebaja del IRPF a las rentas más bajas "quedó olvidada", mientras se ponen en peligro los servicios sociales. Paralelamente, Fernando Blanco criticó que "algo falla" en el sistema, puesto que el número de ricos ha crecido un 12,5 por ciento.

Por su parte, el popular Pedro Puy puso de manifiesto que establecer un impuesto a las rentas más altas no tendría un efecto notable en las arcas públicas, puesto que el número de rentas en Galicia por encima de 60.000 euros es apenas del 2,5 por ciento, indicó. A este respecto, argumentó que en Baleares, que esta cifra es mayor, se estima que la recaudación aumentará "en el mejor de los casos, dos millones de euros".

A este respecto, Fernández Currás defendió que, ante las medidas impositivas marcadas por el Gobierno central y la previsible reducción de la recaudación, Galicia debe ser "prudente y responsable" a la hora de reducir los impuestos.

Proposición rechazada

Las medidas anti crisis ya habían llegado por la mañana a la sesión plenaria, durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el socialista Xaquín Fernández Leiceaga, en la que insistió en la necesidad de que la Cámara alcance un pacto para "buscar una vía sostenible y más justa socialmente" para superar la actual coyuntura económica.

Para este acuerdo, apostó por la puesta en marcha de un plan contra el fraude fiscal, así como por incrementar la fiscalidad en el tramo autonómico del IRPF y por reclamar al Estado que vuelva a introducir el gravamen sobre el patrimonio. Estas medidas, a su juicio, deberían ir acompañadas por políticas de "austeridad real" como el "adelgazamiento" de la administración.

Con él coincidió el diputado nacionalista Fernando Blanco, quien defendió las mismas actuaciones fiscales y criticó que "las alternativas que ofrece el PP son un folio en blanco". "Porque los impuestos son para redistribuir la riqueza", apostilló.

Cambiar el gestor

Enfrente, el parlamentario popular Pedro Arias criticó que los grupos de izquierda "quieren convertirse en adalides de la salida de la crisis pese a que fueron los que la provocaron" y, dicho esto, desacreditó su forma de "diagnosticar" la actual situación económica por su "incompetencia técnica". De hecho, proclamó que la solución sería "cambiar al gestor", en alusión al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre las propuestas concretas, rechazó el combate contra el fraude fiscal porque supondría "ofender la competencia de los inspectores" y también la subida de impuestos, ya que generaría "inestabilidad fiscal". "¿Está el Parlamento perdiendo su inteligencia?", se preguntó, después de subrayar que el presidente del anunció que actuaría fiscalmente sobre las Sicav antes de tomar la decisión formalmente, con lo que logró que "se evadieran".

En el turno de cierre, Leiceaga reprobó la "actitud doble" mostrada por este diputado, al que preguntó si no genera "inestabilidad" bajar los impuestos, como propugna su partido. "Los impuestos se deben adaptar a la coyuntura", explicó, para evidenciar a continuación que el PP a nivel nacional también ha pedido que se ponga en marcha un plan contra el fraude. En este escenario, y sobre sus referencias a Zapatero, concluyó que el "diagnóstico" de Arias es "errado y simplista".