El Pleno del Parlamento aprobó hoy, con el voto a favor del PSOE-A y en contra de PP-A e IULV-CA, el Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el ámbito del sector público, una norma que recoge reducciones salariales progresivas desde la exención para los niveles más bajos del personal laboral hasta el 15 por ciento para los miembros del Gobierno andaluz, concreta en la comunidad autónoma las decisiones excepcionales de disminución del déficit público adoptadas por el Gobierno español.

En su intervención en el Pleno del Parlamento, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, explicó que estas medidas supondrán un ahorro total aproximado de 861 millones de euros durante 2010 y 2011. De esta cantidad, 314 millones corresponden a su aplicación en el presente ejercicio, que será efectiva desde el 1 de junio a través de las modificaciones que realiza el Decreto-Ley en el vigente presupuesto de la Comunidad Autónoma. El ahorro restante, de 547 millones, se materializará a lo largo de 2011.

Según apuntó Martínez Aguayo, este ajuste retributivo, que deben aplicar todas las comunidades autónomas como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito estatal, se completará con el plan específico de reestructuración que la Junta presentará en las próximas semanas para reforzar los objetivos de ahorro y equilibrio presupuestario en el resto de los capítulos de su sector público.

Asimismo, indicó que las disposiciones del Decreto-Ley afectan tanto a la Administración autonómica andaluza como a sus 52 organismos y entes instrumentales (16 agencias administrativas, 12 entidades de derecho público, nueve sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, tres agencias públicas empresariales, once consorcios y fundaciones y una agencia de régimen especial). Asimismo, se incluyen las diez universidades públicas y el Consejo Consultivo de Andalucía.

Los mayores recortes de sueldos, de entre el seis y el 15 por ciento en términos anuales respecto a lo consignado en el Presupuesto de la Comunidad para 2010, corresponden a los altos cargos de la Administración General y del resto de las entidades.

De este modo, las personas titulares de la Presidencia de la Junta y de las consejerías reducen sus retribuciones en un 15 por ciento. Con ello, y excluyendo las pagas extraordinarias de junio (que se mantienen), las remuneraciones anuales de los miembros del Consejo de Gobierno pasan de 81.155,04 euros a 68.981,88 en el caso del presidente, y de 70.031,89 a 59.527,11 euros en el de las personas titulares de las consejerías. La bajada del 15 por ciento afecta de igual modo a la presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los altos cargos asimilados a viceconsejerías reducen sus sueldos en un nueve por ciento, los consejeros con dedicación exclusiva del Consejo Consultivo de Andalucía en un nueve por ciento, los directores generales en un ocho por ciento, los delegados provinciales en un seis por ciento. Por su parte, el recorte salarial será del diez por ciento en los casos de presidentes, vicepresidentes, directores generales y directores gerentes de entes instrumentales (agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, entidades de derecho público y sociedades mercantiles del sector público andaluz).

Personal funcionario

Para el conjunto del personal funcionario no laboral, el Decreto-Ley establece una reducción media general del cinco por ciento en términos anuales, aplicable igualmente a partir del 1 de junio de 2010 y excluyendo la paga extraordinaria del mes de junio. La medida se aplicará con criterios de progresividad a partir del 0,56 por ciento fijado para los niveles más bajos.

Respecto al personal laboral, la reducción también se fija en una media del cinco por ciento e incluye a los empleados de alta dirección, a los de empresas públicas y a los no acogidos a convenio colectivo que no tengan la consideración de altos cargos. Por el contrario, se excluyen los trabajadores cuyas retribuciones por jornada completa sean inferiores a 949 euros mensuales (equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo).

Los criterios para distribuir esta rebaja entre los distintos niveles se fijarán mediante negociación colectiva. Las reducciones para el personal funcionario e interino al servicio de la Administración de Justicia serán las mismas que se establecen en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central el 20 de mayo.

Finalmente, Martínez Aguayo reconoció que se trata de medidas "duras de tomar, pero necesarias en estos momentos" y dijo que se han adoptado una vez "sospesados los efectos que no tomarlas acarrearían sobre nuestro estado de bienestar". Además, explicó que son medidas que "contribuyen a nuestro compromiso con el programa de estabilidad y reducción del déficit público".PSOE-A

Rechaza que se tramite como proyecto de ley

El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero comenzó su intervención anunciando la negativa de su formación a la convalidación de este decreto-ley y la petición de que se tramite como proyecto de ley. Dijo que su formación está en contra de los recortes en el sector público, que calificó como medidas "fundamentalmente demagógicas".

Vaquero dijo que la Junta ha olvidado que los funcionarios públicos tienen adquiridos unos derechos en los convenios colectivos y que de hecho existe una mesa laboral. "Se está faltando el respeto a los funcionarios porque se han hecho unos acuerdos que no ahora no sirven para nada", apuntó el diputado, quien se mostró convencido de que se convertirá en una "fuente de conflictos" por la "reducción" de derechos de los trabajadores.

Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos, quien también indicó que su formación pide que se tramite este decreto-ley como proyecto de ley, afirmó que la Junta tiene que dar ejemplo y aplicarse medidas que vayan en la misma línea de las solicitadas a la ciudadanía, "en el mayor recorte social de la historia hecho por el PSOE en Andalucía".

Ramos dijo que había muchos sitios donde "meter la tijera" antes que imponer "sacrificios" a los funcionarios. Entre ellos, mencionó a las empresas públicas que, según dijo, cuestan 5.000 millones al año" a la Administración andaluza.

El diputado del PSOE Fernando Martínez, que mostró la negativa de su formación a la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, aseguró que se trata de medidas "duras y difíciles" de adoptar pero que son "excepcionales" para una situación "excepcional".

Asimismo, indicó que el PSOE-A apoyará este decreto-ley en un ejercicio de responsabilidad y de anteponer el interés general a cualquier otra cuestión. "Se trata de dar respuesta a los coletazos de la crisis, que escuchando a los grupos de la oposición pareciera que sólo se ha paseado por Andalucía", apuntó.