La toma en consideración de la proposición de ley recibió el apoyo de toda la Cámara excepto el PP. Los socialistas aseguraron que consideran necesario abordar el debate, aunque dejaron abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el texto. Por su parte, el PP votó en contra y se negó a legislar "en caliente" cuando el Tribunal Constitucional está en pleno debate del Estatut.

Entre otros puntos, la iniciativa propone que los magistrados del TC cesen automáticamente de sus cargos una vez que se cumplan seis meses del cumplimiento de su mandato. El objetivo es que se repita la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esa situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.

Además, propone que el TC cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las reformas de estatutos de autonomía y que, en caso contrario, los recursos sean desestimados.

La proposición que hoy inició su tramitación parlamentaria también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas y propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal.

Por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten a las deliberaciones sobre Estatut.

Tres grandes problemas

El encargado de defender la iniciativa fue el portavoz de la Entesa, Isidre Molas, quien quiso subrayar de entrada que la pretensión de los grupos que hoy presentaban la iniciativa no era reabrir el debate sobre la reforma estatutaria, ni "buscar responsabilidades", ni "arrojar piedras" o discutir las funciones del Tribunal, "pieza básica del Estado de Derecho".

Así, aclaró que encuentran "tres grandes problemas" en la Ley y que proponen soluciones. Por un lado, la demora en la renovación de los magistrados, por tercios cada tres años, una cautela para mantener el sistema de "pesos y contrapesos". La prórroga, por ello, se debe limitar a seis meses y, si no hay acuerdo para elegir a un sustituto, el magistrado deberá dejar el cargo.

También defendió limitar el tiempo de dictar sentencia sobre los estatutos de autonomía. "No es necesario que subraye la importancia de las CCAA en el tejido institucional de España; ejercen una parte del poder legislativo del Estado y los recursos deben solucionarse sin demora", defendió. Por argumentos similares, puesto que se trata de leyes singulares, reclamó una mayoría reforzada para estas sentencias.

El tercer "problema", concluyó Molas, es el carácter interpretativo de las sentencias. "Necesita interpretar la Constitución y las leyes objeto de recurso, claro, naturalmente. Pero es un legislador negativo, su misión no es sustituir al legislador, su misión es juzgar si una norma se encuentra externa al marco fijado por la Constitución", explicó.

Legislar en caliente, NO

El portavoz del PP, Joan Huguet, aseguró que su partido "está interesado en profundizar en esta propuesta" porque algunas de las ideas hoy planteadas "en teoría" tienen sentido. Sin embargo, aseguró que no se puede separar la reforma de su causa política, los recursos contra el Estatut, y añadió que el PP no quiere "legislar en caliente" ni acepta lo que calificó de "trágala". La iniciativa, resumió Huguet, se presenta "para salvar si se puede el Estatut pendiente de sentencia".

"Es una propuesta extemporánea, viene fuera de tiempo, en el tiempo en que se está jugando, y se quieren cambiar las reglas. Si es que se tienen que cambiar, que sea a posteriori, no cuando se está pendiente de una sentencia de la trascendencia de esta", explicó.

El portavoz rebatió a continuación los tres argumentos principales. Que los magistrados deban cesar a los seis meses si no han sido renovados crearía un vacío en el Tribunal. También rechazó que se le imponga una mayoría al TC para sentenciar leyes orgánicas aprobadas en referéndum, o un plazo de tiempo, porque se limitaría la independencia del tribunal. En cuanto a que las sentencias sean interpretativas, Joan Huguet aseguró que no cabe elegir: el Tribunal "tiene que interpretar la Constitución tanto para decir que sí como para decir que no".

Por último, rechazó igualmente que esta reforma tenga efectos retroactivos, porque no sólo afectaría al Estatut, sino al resto de leyes sentenciadas por el Constitucional. "Se genera un sombra de duda automáticamente: si (estos magistrados) no eran buenos para dictar sentencia ahora, ¿por qué eran buenos antes?", concluyó.OBJETIVO:

Que no haya sentencia

Todos estos argumentos fueron rechazados por el portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, quien defendió la iniciativa y reconoció que el objetivo último es "que no haya sentencia", sobretodo en un escenario en el que dentro de pocos meses habrá elecciones catalanas y el fallo que emita el TC puede condicionarlas.

Vilajoana insistió en que el Estatut cumplió con todos los trámites previstos por la Constitución y lleva cuatro años en vigor desarrollándose. A su juicio, sería una "irresponsabilidad institucional" que se emitiese ahora una sentencia que se está "iniciando un proceso electoral", ya que, según advirtió, el fallo tendrá "repercusiones en las relaciones entre Catalunya y el resto de España".

Además, recordó que el TC siempre se encuentra inmerso en la resolución de recursos y cualquier modificación de su legislación se tendrá que hacer "con el partido en marcha", por lo que rechazó las críticas del PP a hacerlo en este momento.

Problema que afecta a todos

Este argumento fue compartido por el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera, quien insistió en que siempre que se debata sobre el TC se hará "en caliente" y culpó de la actual situación al PP y el "bloqueo" que está haciendo para impedir la renovación de los magistrados con el mandato caducado.

"Es un asunto que sí es actual y es bueno que las Cortes lo aborden", defendió antes de explicar que el PSOE no sabe si la forma en la que está presentada la iniciativa es "la más adecuada" pero reiterar la necesidad de debatir sobre el asunto.

"¿Tenemos un problema en la renovación del TC? ¿hay una demora para dictar sentencia? —preguntó—. No parece que sea en caliente. Es verdad que el debate lo suscita el Estatut, pero es un problema que nos afecta a todos porque es el bloqueo a una institución del Estado".