La reforma laboral aprobada por el Gobierno central y convalidada ayer en el Congreso de los Diputados "castigará" a 150.000 trabajadores del sector de la hostelería y el comercio de Baleares, ya que supondrá una disminución de las plantillas y de los salarios, según criticó hoy el secretario de Acción Sindical de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, Ginés Díez.

En declaraciones a Europa Press, Díez censuró que la reforma laboral es "contraria a los intereses de los trabajadores de este país y, en particular, del sector de la hostelería" y, por ello, desveló que CCOO está analizando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta iniciativa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que contiene artículos que son "inconstitucionales".

Así, censuró que los trabajadores de la hostelería y el comercio "van a ser expulsados del mercado de trabajo para crear más temporalidad y estacionalidad, por lo que la figura del fijo discontinuo va a ser trasquilada".

En este sentido, Díez auguró que la reforma laboral provocará "más paro, más contrataciones eventuales y menos contratos fijos, diga lo que diga el PSOE", por lo que remarcó que quien defienda esta medida del Gobierno central estará "defendiendo la miseria para el sector de la hostelería y el comercio balear",

Por ello, el dirigente sindical consideró que el Govern debería implicarse en contra del Decreto del Ejecutivo central, con el fin de "defender los intereses de Baleares", frente a una reforma laboral, que contiene "barbaridades", como el hecho de que el Fondo de Garantía Salarial vaya a abonar ocho días de la indemnización por despido, que afectará no sólo a los contratos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido improcedente), sino también a los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización).

"La impugnación de la reforma laboral de CCOO ante el TC se está estudiando internamente, aunque si fuese adelante el recurso, contaríamos con UGT, al igual que se ha hecho con el recurso interpuesto ante este Tribunal en contra del Decreto Ley, que contempla el recorte del sueldo de los funcionarios en un 5 por ciento de media", subrayó.

No obstante, recalcó que, en estos momentos, la prioridad de su sindicato es preparar la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, si bien previamente, recordó que el 30 de este mismo mes, CCOO, UGT y STEI se concentrarán el próximo 30 de junio en la Plaza España de Palma, a partir de las 19.30 horas, para "calentar motores".

"desaparición de la negociación colectiva"

Por su parte, el secretario general de la Federación de Hostelería y Comercio de UGT, Antonio Copete, recalcó que la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno supondrá la "desaparición de la negociación colectiva en la hostelería, lo que obligará a los trabajadores a realizar jornadas de trabajo maratonianas".

"La reforma es una bomba de relojería para nuestro sector, ya que establece que los empresarios podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización, si sufren pérdidas económicas durante seis meses, algo que en el caso del sector de la hostelería balear es muy fácil, porque en invierno no hay actividad y bastaría con que se mantuviese un año entero un hotel abierto para que se produjeran pérdidas económicas y estuviese justificado el despido de trabajadores", advirtió.

De este modo, Copete estimó que el PSOE "o se ha vuelto loco o no quiere gobernar durante mucho tiempo" al impulsar una reforma laboral que "abaratará" los despidos y que "va en contra de los propios votantes naturales de este partido", ya que "se ha dado la razón a los empresarios".

"Si la reforma laboral se lleva a cabo, el PSOE tardará décadas en ganar unas elecciones", vaticinó, al tiempo que consideró que en las próximas elecciones, "quien va a ganar es la abstención, por lo que el partido que gane no tendrá legitimidad".

Finalmente, criticó que con la reforma, se van a contratar a menos trabajadores, mientras que los empresarios podrán modificar las condiciones laborales "obligando a los empleados a trabajar más horas, bajo la amenaza de que si se niegan, serán castigados con su despido".