Un funcionario de Castro Urdiales declaró hoy en la instrucción por el caso La Loma que en este Ayuntamiento "no se hace nada sin orden de los concejales" y recordó que por el Consistorio circulaban informaciones sobre los posibles cobros de dinero por parte de funcionarios para agilizar trámites.

Este empleado público, encargado del asesoramiento e informes y que sustituía al secretario municipal en su ausencia, declaró hoy en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, que investiga el caso La Loma.

En esta instrucción se trata de dilucidar si hubo delitos de prevaricación urbanística en la concesión de licencias en esta zona, donde se construyeron chalets invadiendo viales públicos y careciendo de servicios como el abastecimiento de agua.

Este funcionario declaró que no había visto a la empleada del departamento de Urbanismo Yolanda S. pedir comisiones a los promotores. Pero señaló que se dieron casos de afectados de expedientes que por la mañana estaban con sanciones y paralizados, que luego le decían que esta técnico "lo había arreglado" por la tarde.

Tal y como contó, "clientes" de esta funcionaria, abogada, le habían dicho que cobraba cuando hacía trabajos por la tarde.

Según dijo, había rumores sobre que los funcionarios cobrasen dinero por agilizar licencias, que apuntaban, entre otros, al arquitecto Pedro Restegui, que era conocido como "el doscientas mil pesetas".

Y del redactor del Plan General, Javier L., rechaza que fuera el que "cortara el bacalao", como le acusó Restegui. Sí que contó que el redactor del plan "ha hecho todo o casi todo en Castro porque se lo encargaba el Ayuntamiento y los promotores"

En cualquier caso, este funcionario aseveró que en el Ayuntamiento "no se hace nada sin orden o mandato de los concejales" y "se inicia lo que los concejales consideran prioritario", produciéndose "continuas bajas" de funcionarios en "persecuciones" por "no plegarse" a lo que decían los concejales. "Los funcionarios preparados o cualificados son molestos en el Ayuntamiento y no se les promociona", afirmó.

Este empleado municipal relató como rompió la relación con el ex edil de Urbanismo en la época de Rufino Díaz Helguera como alcalde, Joaquín Antuñano, porque este le solicitó que ocupara unos viales para dar salida a una zona que era de la promotora "que llevaba su cuñado".

Hoy también declaraba Salvador Hierro, en calidad de imputado, quien sin embargo se acogió a su derecho a no declarar.

Por su parte, el edil de Hacienda, ex representante del PP y también imputado, José Miguel Rodríguez López 'Kayka', señaló a la ingeniero municipal como responsable de que la licencia de La Loma se cobrase, y aseguró que nadie le advirtió a él de que no había abastecimiento de agua en esa urbanización.

López negó haber recibido comisiones y dijo que no le consta que nadie las haya recibido, además de remitirse al Plan General de 1996 como responsable del "caos urbanístico" por que tanto esa norma como sus modificaciones "han marcado el urbanismo en Castro".

Por su parte, la actual secretaria del Ayuntamiento, citada como testigo, sostuvo haber entregado "mucha documentación" sobre La Loma. Y el interventor accidental, también testigo, dijo desconocer si había un informe que autorizara al Ayuntamiento a adelantar el dinero por las infraestructuras de La Loma que les correspondía pagar a los promotores.