Los mecanismos legales existentes para que se proteja a los menores frente a los medios de comunicación "no han obtenido" hasta ahora el éxito que perseguían y cualquier espectador de programas televisivos puede comprobar que incluso en los horarios teóricamente protegidos se difunden contenidos no aptos.

Así se destaca en el informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, correspondiente a 2009, hecho público y presentado a los presidentes del Congreso y del Senado este martes, en el apartado dedicado a la protección de los menores frente a los medios de comunicación. A su vez, destaca que precisamente los contenidos y mensajes de la programación y la publicidad "continúan" motivando el mayor número de quejas en relación con la televisión.

Además el Defensor del Pueblo indica que debido a los riesgos a los que se ven expuestos los menores y jóvenes en su vida cotidiana por la presencia creciente y constante de los medios de comunicación audiovisual, especialmente de televisión e Internet, hay que exigir la implantación de medidas adecuadas de garantía y control que aseguren que sus derechos son respetado

Además, Enrique Múgica considera "inoportuna" una reforma de la Ley del Menor que rebaje la edad mínima de responsabilidad penal por "hechos aislados", aunque muestra su preocupación por la "inconcreción" de la legislación para casos de menores de 14 años que cometen delitos graves.

En el informe presentado, el Defensor se muestra partidario de abrir un debate en la sociedad española ante la pérdida de valores que se está generando y que lleva a que se produzcan este tipo de hechos y delitos.

"Las referencias genéricas y la ausencia de un catálogo de medidas determinadas" en casos de menores de 14 años infractores "está dando lugar a la inactividad de las entidades públicas y a la dejación para asumir las responsabilidades que la ley les impone", señala.

Por otro lado, el Defensor ha lamentado la tardanza que se está produciendo para aprobar la nueva ley de protección de las víctimas del terrorismo, cuyo borrador ha sido presentado este martes por las fuerzas políticas a los diferentes colectivos de víctimas.

"Si el Estado ha de cuidar siempre de forma prioritaria de los intereses de aquellos que sufren las consecuencias de los delitos, con más razón debe actuar diligentemente para paliar el sufrimiento de quienes son objeto de la amenaza y las acciones terroristas" ha dicho Enrique Múgica.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo elogia los pasos que se han dado para conseguir la modernización de la Justicia y, en concreto, menciona el Plan Estratégico 2009-2012, que ha contado con el acuerdo de Gobierno, partidos políticos y comunidades autónomas, el Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos.

También manifiesta su coincidencia con la Fiscalía General del Estado al considerar necesaria una regulación actualizada de los procedimientos de instrucción y una nueva ley que aborde el procedimiento criminal, "a la luz de la evolución histórica y constitucional de nuestro país".

Año récord en quejas ciudadanas

El informe recoge una reducción del total de quejas registradas en 2009 y un aumento de las presentadas por los ciudadanos de forma individual. Durante 2009 se registraron 22.287 expedientes, que incluyen las quejas individuales y colectivas formuladas por los ciudadanos y los iniciados por las investigaciones de oficio promovidas por la propia Institución, lo que supone 1.612 expedientes menos respecto a 2008.

Sin embargo, el número de quejas individuales presentadas el pasado año fue 18.392 (2.588 más que en 2008), la cifra más alta de quejas contabilizadas por esta institución.

Por sectores de actividad, destaca la frecuencia en el número de quejas que planteaban disfunciones en la actuación de las administraciones públicas en materia económica, vinculadas a los impuestos y tributos, las telecomunicaciones, la ordenación económica y financiera general, pero también con las infraestructuras y los transportes. También destaca, respecto a 2009, el número de quejas relativas a los asuntos de política social, sanidad y trabajo, y Seguridad Social.

La Administración de Justicia o las quejas sobre urbanismo y vivienda han sido otros de los motivos mayoritarios de discrepancia, especialmente de las de carácter individual, junto a las referidas a las dificultades en la gestión de asuntos migratorios.