Así lo señalaron a Europa Press fuentes jurídicas, que subrayaron que de este modo, tras haber sido impugnada la resolución emitida el pasado 3 de junio por el titular del Juzgado de Instrucción número 11, queda en suspenso el periodo de calificación en el que el Ministerio Público debe redactar su escrito de acusación o, por el contrario, pedir el sobreseimiento de la causa.

El juez detalla en su auto, al que se oponen de forma tajante las defensas, los delitos atribuidos a un total de ocho encausados. En concreto, Collado, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, es el imputado sobre quien pesa un mayor número de presuntas infracciones penales, es decir, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la administración, prevaricación, fraude y exacción ilegal, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.

Mientras tanto, Penalva imputa falsedad y malversación al constructor Juan Perelló; sobre la mujer de Collado, Francisca Moll, considera que pudo ser responsable de un delito de receptación bien de encubrimiento o como coautora o cómplice de los delitos contra su marido; a Sans le atribuye malversación; a Wenceslao Lamas y Ramón Chao fraude ilegal y cohecho y, finalmente, este último delito a Esteban Serret.

En su auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado detalla las presuntas irregularidades en las que incurrieron los encausados y, entre otras, asevera que Collado obligó a sustitutir facturas originalmente emitidas a nombre de particulares por otras falsas y que han sido cargadas a las cuentas de la EFM, además de ostentar el control total de la administración, interesado en que la gestión administrativa "fuera caótica a fin de facilitarle la posibilidad de llevar a cabo actuaciones ilícitas sin que fueran fácilmente detectadas".

La investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo abierto por de los viajes privados que realizaron Collado y Sans, que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública. De hecho, Sans, ingresó en la cuenta de la funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la empresa pública.