Molina criticó que el equipo de gobierno "cuente las mil maravillas" que contiene ese convenio y redunde "sobre todo" en el "incremento" que va a suponer esta nueva forma de gestión y "en la mejora de la recaudación".

No obstante, "el gobierno Calle también debería explicar a sus ciudadanos cuáles son los otros puntos, no tan jugosos, para el consistorio que contiene ese convenio", señaló el PP de Mérida en nota de prensa.

Los 'populares' argumentaron que el convenio firmado con la diputación para la gestión de multas supone que el organismo provincial se queda con un 20 por ciento de lo recaudado en período voluntario y un 30 por ciento de lo recaudado en período ejecutivo; mientras que el ayuntamiento se hace cargo del coste de las notificaciones, las comisiones bancarias, el coste del hardware para las PDA's y los programas informáticos para recibir la información del OAR, así como los medios materiales.

Además, Fernando Molina destacó que si a esto se une que el convenio se firma por quince años y que la diputación "sólo proporciona una docena" de PDA's y sus respectivas aplicaciones, el gobierno emeritense "debería decir a los ciudadanos por cuánto" le "sale cada una" de esas herramientas que, en principio, proporciona la Institución Provincial y "cómo se las van a repartir los policías locales para hacer su trabajo si la plantilla supera el centenar de agentes".

Al respecto, el edil 'popular' consideró que "aun suponiendo que el aumento de recaudación fuera tan ostensible como el gobierno local estima", dijo, "lo que no" se sabe, "porque han sido incapaces de presentar un estudio económico de costes y beneficios", es que "el perjuicio para la ciudad es mucho mayor" porque "se está descontextualizando la labor de todos los trabajadores de un área -el de gestión de multas- y se está ocasionando un gran perjuicio a los ciudadanos que deberán desplazarse a Badajoz para hacer una consulta física de sus expedientes", concluyó.