El propietario de la empresa Aifos, Jesús Ruiz Casado, aseguró hoy que tuvo voluntad de construir y entregar las viviendas que vendió a distintos compradores y negó que se desviaran fondos de los clientes a las cuentas de la sociedad o a las suyas personales. Además, reiteró que los adquirientes han estado "permanentemente informados" de la situación de las promociones.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga comenzó hoy el juicio contra Ruiz Casado y su mujer, administradores de dicha entidad, a los que el fiscal acusa de presuntamente estafar más de 626.000 euros a 30 personas con la venta de pisos, solicitando para cada uno siete años de prisión, inhabilitación para desempeñar cargos directivos o de administración de sociedades por el mismo tiempo y multa.

El presidente de Aifos, empresa declarada desde el año pasado en concurso de acreedores, aseguró que antes de comercializar las viviendas "siempre teníamos un proyecto que presentábamos al ayuntamiento" correspondiente y precisó que se vendían casas "en proyecto, en obra y terminadas", recordando que "hemos hecho 17.000 viviendas en toda España".

Insistió en que "nunca" se firmó un contrato "si teníamos dudas, y si las teníamos, hemos hablado con los clientes, hemos negociado y hemos devuelto el dinero"; de hecho, apuntó que en la mayoría de los casos a los compradores se les reingresó lo dado y al resto se le ofreció una permuta. Además, dijo que no han dejado de tratar de resolver los problemas urbanísticos que surgieron.

Ruiz Casado indicó que la empresa ha tenido clientes finales, pero también "inversores que han revendido", los cuales, "normalmente", no pedían firmar avales, y afirmó que ofreció el doble de lo entregado, lo que algunos rechazaron "porque querían el triple". Negó que utilizaran el dinero de los compradores para fines especulativos y destacó que consignaron en el juzgado 1,3 millones para pagos.

Por su parte, la esposa de éste se limitó a asegurar que su labor era la de decorar los pisos pilotos y los hoteles que tenía el grupo empresarial y que fue nombrada administradora sólo por si había que firmar algún documento cuando su marido estaba de viaje, aunque dijo desconocer que eso conllevaba una responsabilidad. Negó también que hubiera intercambio de dinero entre Aifos y sus cuentas personales.AFECTADOS

Por su parte, los afectados coincidieron en que "nadie" se puso en contacto con ellos para informarles de que había problemas en la construcción, sino que al firmar les dijeron que el inicio era "inminente", y aseguraron que sus casa "ni están construida". Admitieron que cobraron el pasado año las cantidades que dieron y precisaron que Aifos no negoció hasta que denunciaron.

De hecho, una de las afectadas, que dio unos 40.300 euros para una casa para su hija, que está en silla de ruedas, porque tenía las características que buscaban, explicó que se les ofreció una permuta y el doble de lo entregado, "dinero que no existía", pero aseguró que se les exigía retirar la denuncia "y no estaba dispuesta porque me siento estafada, engañada".

"Eran los ahorros de nuestra vida, encontramos la vivienda de nuestros sueños y estos señores, por llamarlos de alguna forma, nos han arruinado toda la vida y nuestras ilusiones", expresó la perjudicada, quien aseveró que les dijeron que "cumplía con todos los requisitos" y no supieron de los problemas urbanísticos. "Si no de qué íbamos a comprar", apostilló.

Otro de los afectados aseguró que desde Aifos "nunca me llegaron a reflejar que en la parcela no se podía construir" y precisó que los comerciales le comentaron que "no era política de la empresa garantizar las cantidades por el poderío económico de la sociedad". Explicó que aunque dio los ahorros "de toda mi vida", no aceptó la oferta que le hicieron porque "no me aliviaba todo el daño que me habían hecho".

La Fiscalía sostiene que en 2001 la empresa comenzó la promoción de unas viviendas que se iban a construir en varias localidades de Málaga a través de "una publicidad o una oferta en la que se hacían alegaciones falsas de características inciertas" y señala que a partir de agosto se inició la firma de contratos para casas "supuestamente en construcción".

Conforme a eso, el ministerio público indica que los compradores pagaron las cantidades estipuladas "con creencia de que se había iniciado la construcción de las viviendas y que se entregarían en un plazo de unos 20 meses, aproximadamente, sin que los acusados hubieran llevado a cabo la obra proyectada". "Ni siquiera", apunta la Fiscalía, habían obtenido la licencia de obras de los ayuntamientos.

Así, considera que los perjudicados hicieron "diferentes desembolsos que los acusados hicieron suyos en beneficio propio". Por esto, se acusa tanto a Ruiz Casado como a su esposa de un delito contra los consumidores en concurso medial con otro continuado de estafa.