Por todo ello, el Consell manifiesta su criterio contrario a la toma en consideración y tramitación de la proposición de ley de Creación de la Oficina Antifraude de la Comunitat Valenciana, presentada por Compromís, con la que la coalición busca "preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público en la Comunitat Valenciana" a través de un instrumento que sirva para "reforzar las buenas prácticas" de la administración pública y del sector público que se relaciona".

El objetivo de la oficina que propone Compromís es "prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público".

Por su parte, el Consell considera que en "modo alguno se conseguirá con la creación de esta oficina, cuyas funciones son similares a las de órganos ya existentes, un instrumento más rápido y eficaz en la lucha contra el fraude".

El Gobierno valenciano destaca que ya existen órganos que tienen asignadas las funciones de control que se pretende que realice esta nueva oficina, por lo que este instrumento "no tendría suficientes competencias para actuar y chocaría con otros organismos fiscalizadores", al tiempo que defiende que la "mera propuesta de crear una institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público no va a conducir por sí misma al objetivo de reforzar las buenas prácticas de la Administración pública".

Argumenta que la creación de un órgano de estas características "resulta de todo punto ociosa, pues ya existen organismos encargados de detectar fraude tributario, electoral o mercantil, al igual que el Ministerio Fiscal es el encargado de realizar las investigaciones judiciales en su ámbito de actuación".

En este sentido, "parece inútil duplicar órganos con funciones similares", añade el Consell. Así, destaca que la oficina "no puede sustituir a la Fiscalía o a los jueces, ni por supuesto suplir la tarea que ya realizan los organismos de control externo existentes, como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges".

"colisión competencial"

Al respecto, apunta que se produciría una "colisión competencial" con órganos como la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas o el Síndic de Greuges, además de "invadir la constitucional y estatutariamente consagrada autonomía universitaria", al igual que la autonomía local.

El Consell especifica que el Ministerio Fiscal, la Intervención de la Generalitat y los interventores en los ayuntamientos son los que, por ley, "vienen obligados a actuar ante los casos de irregularidad o infracción del ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus respectivas competencias".

Por todo ello, remarca que la Oficina Antifraude que propone Compromís "no aportaría nada nuevo" al estar "carente de un ámbito competencial propio y específico que sustente su creación". Remarca que en el caso de que este órgano se creara, desde el punto de vista jerárquico, "carecería de preeminencia en su actuación ante el reconocimiento de otras instituciones dedicadas al control de la Administración y creadas por normas jurídicas de mayor rango legal".

Por ello, al no ser ni un órgano constitucional ni un órgano estatutario, sus competencias deberían ceder siempre en favor de estas otras entidades u órganos que existen en la actualidad, explica el Gobierno valenciano.

La conclusión, para el Consell, "es que no hay espacio competencial propio para esta oficina, de manera que sólo se puede entender desde un ámbito competencial complementario y subsidiario respecto de otros órganos y entidades de control, que nada aporta, sino duplicidad, falta de eficacia y un mayor coste económico a soportar por los administrados", apostilla.

Su aplicación práctica supondría "inseguridad jurídica y conflictividad", por lo que el Ejecutivo valenciano considera que carece de efectividad su creación.

Asimismo, indica que, según se desprende de su denominación, esta oficina "sólo podría tener naturaleza administrativa, y no inquisitiva o fiscalizadora a efectos de persecución penal".

Sobre los costes asociados al cumplimiento de la proposición de ley, el Gobierno valenciano afirma que en el actual contexto de "austeridad y estabilidad presupuestaria, la creación de un nuevo órgano, necesitado de recursos humanos y medios materiales, con el consiguiente incremento presupuestario, en este momento es una medida económicamente inviable".

El gasto que supone la creación de este nuevo organismo "no se corresponde con el momento de crisis económica actual", en el que tanto las Corts como el Consell y demás instituciones "deben dar ejemplo de austeridad presupuestaria y reducción del gasto público".