El penalista Tuero pide que las pruebas judiciales no interfieran en los derechos individuales

Defiende que "la verdad material no puede obtenerse con cualquier medio" y solicita cautela a los jueces

El abogado penalista Luis Tuero lamentó que a la sociedad actual "no le duelan prendas" a la hora de sacrificar derechos individuales fundamentales si ello revierte en un incremento de la seguridad. En declaraciones a Europa Press, explicó que las pruebas que se practican en los procedimientos judiciales no deberían interferir en derechos como la intimidad o la dignidad.

En su ponencia 'La prueba prohibida por vulneración de derechos fundamentales', ofrecida en el Colegio de Abogados de Oviedo, explicó que no existe regulación legal, pero sí jurisprudencial desde el año 1992, y es ésta la que debe guiar la actuación de los jueces de instrucción.

En relación a este tipo de prácticas, explicó que se trata de pruebas obtenidas generalmente mediante escuchas telefónicas ilegales, o por vulneración del principio de inviolabilidad del domicilio, así como otras que se practican en fase sumarial o de instrucción.

Preguntado por el recurso a la interceptación de líneas telefónicas, consideró que existe una cierta tensión entre la seguridad y los derechos fundamentales y precisó que, en la actualidad, es el Tribunal Supremo quien establece las condiciones para que las escuchas sean válidas. "Lo esencial del ordenamiento es la protección de la dignidad de la persona", subrayó.

En este sentido, aseguró que errores "de bulto" obligan con relativa frecuencia a anular sentencias de casos de narcotráfico o terrorismo, con el consiguiente riesgo de que los delincuentes queden en libertad, porque "el juez no tuvo la cautela para justificar el motivo de la práctica de la prueba".

Por ello, defendió que "la verdad material no puede obtenerse con cualquier medio" y recordó que "antes de intervenir un teléfono hay que tener indicios claros de delito".

A su juicio, la justicia española evolucionó "de una situación absolutamente garantista de los derechos individuales", a una jurisprudencia y una praxis "más restrictivas, que interfieren más en la libertad individual", a partir del año 2000. "Tendrían que exacerbarse los controles porque hoy vence la seguridad a la libertad"; "hay una confianza ciega en la Policía y no debería ser así", concluyó.

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