En un comunicado, el PP manifestó que tras la visita al barrio y posterior denuncia de la situación del portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la diputada autonómica Alicia Martínez defendió la semana pasada una proposición, a la que el PSOE votó en contra e IU se abstuvo, para declarar a la barriada de Santa Teresa como un área de rehabilitación concertada integral y de renovación urbana.

Y es que, al adquirir las viviendas esta calificación se procedería a una renovación generalizada de la zona, sustituyendo o rehabilitando elementos constructivos y espacios degradados, a la erradicación de la infravivienda, al mantenimiento de la población existente, a la mejora de las condiciones sociales y económicas, así como a una mejora de los espacios públicos y de los equipamientos.

Además, explicó que aparte de rechazar estas medidas en las casitas bajas de Amate, el PSOE-A se ha negado también a elaborar un protocolo de actuación con el Ayuntamiento para que la Inspección Técnica de Edificios (ITE), de obligado cumplimiento, se realice sin coste alguno para los vecinos. Es decir, se ha negado a elaborar un calendario de las actuaciones supervisado por Junta de Andalucía, Ayuntamiento y vecinos.

En este sentido, Zoido recordó que de las 700 viviendas de protección oficial, "aproximadamente la mitad presentan muy mal estado, encontrándose muchas de ellas apuntaladas", y añadió que "en siete de ellas ya se han caído los techos". Es más, este "estado de ruina" ha sido reconocido por técnicos de la Junta de Andalucía, de la Gerencia de Urbanismo, que reconoció en un informe el riesgo inminente de colapso de la estructura, y por varios informes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de los que se desprende que "las armaduras de la estructura están completamente corroídas".

Asimismo, Zoido indicó que "el PSOE ha vuelto a dar la espalda a los vecinos de las casitas bajas de Amate, ya que por su culpa más de 300 familias seguirán viviendo en peligro, y advirtió de que "si ocurre alguna desgracia habrá que pedir responsabilidades".

De esta manera, el portavoz popular destacó que "muchas de estas casas han sido apuntaladas por la Gerencia de Urbanismo, que pasa factura de 6.000 euros a los propietarios". Del mismo modo, resaltó la "responsabilidad" de la Junta de Andalucía, la cual "es propietaria del diez por ciento de las viviendas y, por si fuera poco, ha vendido a muchas familias de Sevilla casas en ruina permitiendo que vivan en ella".