Así consta en la querella que interpuso la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, por el presunto desvío de fondos públicos producido durante la pasada legislatura en el proceso de construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma, unos hechos que están siendo investigados en el marco del denominado caso Bomsai.

Tal y como denuncia el Ministerio Público en la querella, incluida en el amplio sumario del procedimiento, los 28.000 euros fueron cobrados por Atlas y Squire Sanders "sólo por presentar el presupuesto u oferta, sin desarrollar ningún tipo de trabajo o servicio" -sin que hubieran desarrollado pliego de cláusulas alguno sobre los proyectos de Educación y Medio Ambiente ya que "no se llegaron a iniciar"-, y menos de un mes después de la adjudicación.

En concreto, la Fiscalía dirige la querella contra el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, el ex director general de Tributos y Recaudación, Jorge Sainz de Baranda, el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, el ex director general de Emergencias, Joan Pol, el consejero delegado de Atlas, Pablo Cervera, el de Squire, José Bonilla, el administrador de la mercantil Gestión de Proyectos Balear, Federico Rodríguez, y el administrador de Llabrés Feliu, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.(

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